El 16 de junio de 1955 tuvo lugar el peor atentado terrorista de la Historia nacional, cuando la ciudad de Buenos Aires tuvo el siniestro privilegio de ser la única del mundo bombardeada en tiempo de paz, por sus propias fuerzas armadas. Por Silvia Torres

 

 

No fue el único caso de violencia inhumana que la oligarquía desató contra el pueblo en la Historia nacional, pero, sin dudas, el bombardeo a Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, fue el peor atentado terrorista, que convirtió a la ciudad de Buenos Aires en la única del mundo en tener el siniestro privilegio de haber sido bombardeada, en tiempos de paz, por sus propias fuerzas armadas.

Gobernaba Juan Domingo Perón -segundo mandato obtenido con el 63,40 % de los votos, en noviembre de 1951-, estaba vigente y en ejecución el Segundo Plan Quinquenal, la Argentina no tenía más que un 2,7 % de desocupados y una distribución de la riqueza espectacular e inédita en la mayoría de los países del mundo –incluidos los europeos, devastados por efectos de la Segunda Guerra Mundial-, nada menos que 50 % para el sector del trabajo y 50 % para el empresario.

Los historiadores con mucha vigencia en la actualidad opinan que, justamente este último aspecto, es el que generó la furia y la violencia del establishment, una oligarquía dominante y mezquina que manejó los resortes del país desde los tiempos fundacionales, cuando se apropió de la tierra, de los medios de producción, del comercio, etc., para lo cual no tuvo empacho en utilizar la violencia indiscriminada contra el pueblo –incluido los originarios-, en forma de asesinatos y/o fusilamientos, la prisión y la tortura, obligar al exilio a líderes populares, la represión, etc. con la única y suprema finalidad de garantizarse para sí, la acumulación ilimitada de la riqueza.

Dentro de esa concepción, los sectores dominantes organizaron al Estado como traje a medida de sus intereses, que se plasmó en la Constitución de 1853 y, para imponerla, se continuó con la matanza de miles de indios y gauchos y provincianos, con el uso de armas de última generación, como las ametralladoras adquiridas por Domingo F. Sarmiento y estrenadas en las provincias cuyanas, para combatir el desacato del pueblo contra del liberalismo porteño, que asolaba las economías regionales con importaciones indiscriminadas de origen británico. (Ver Camogli, Pablo, Batallas entre hermanos, Ed. Aguilar).

En este marco se inscribe la guerra contra Artigas y la Liga de los Pueblos Libres, el fusilamiento de Dorrego, el degüello de Ángel Vicente Peñaloza, el asesinato de Facundo Quiroga y, más adelante, el fusilamiento de miles de obreros en la Patagonia, la aplicación de la Ley de Residencia contra los inmigrantes, el fraude patriótico y la Década Infame, entre otros hechos que culminaron con el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura cívico-militar-eclesiástica genocida, protagonizada por algunos de los militares que se foguearon en el Bombardeo a Plaza de Mayo: Eduardo Emilio Massera y Horacio Mayorga, estrechos colaboradores del almirante Emilio Olivieri, ministro de Marina en el gabinete peronista y jefe de los subversivos de junio del 55; así como también Osvaldo Cacciatore, un aviador enriquecido como intendente de la Capital Federal, todos defendidos en la corte marcial de entonces por el almirante Isaac Rojas.

Aquel 16 de junio se llevaron a cabo tres ataques aéreos para arrojaron miles de kilos de municiones, dos de los cuales se centraron sobre la zona de la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, llena de gente que se había reunido para presenciar ejercicios aéreos en desagravio a la figura del general San Martín y, el tercero, sobre la residencia presidencial, el desaparecido Palacio Álzaga Unzué, en el lugar donde hoy ocupa la Biblioteca Nacional.

Las víctimas mortales fueron más de 350 personas, entre militares –especialmente Granaderos, que hacían la custodia presidencial y que ejercieron feroz resistencia al avance de infantes de marina-, además de civiles, 12 de los cuales eran empleados de la Casa de Gobierno. En tanto que más de 600 fueron heridos y atendidos en los distintos hospitales, que prácticamente colapsaron su capacidad.

110 sediciosos huyeron en 39 aviones pertenecientes a las fuerzas argentinas, rumbo a Uruguay, donde fueron recibidos y asilados por el gobierno del colorado Batlle Berres, que los declaró “defensores de la libertad”, les compró vestimenta y les proveyó alojamiento hasta que tuvo lugar la revolución de septiembre, cuando fue derrocado el gobierno constitucional y democrático de Perón.

Los jefes de la subversión fueron el mencionado Olivieri y su par Samuel Toranzo Calderón, que fueron juzgados, degradados y puestos en prisión, en tanto que el vicealmirante Benjamín Gargiulo decidió suicidarse con un tiro en la sien.

Luego de la última dictadura genocida, los métodos de la oligarquía para retacear la distribución de la riqueza se sofisticaron conforme los nuevos tiempos. Ahora, no se usa la metralla y los tanques, sino el control de la sociedad mediante la prédica de los medios masivos y hegemónicos de comunicación, que monopolizan la difusión de la información y de las ideas, manipulándolas a su antojo y conveniencia.

La violencia y sus efectos es el mismo: La muerte de los más débiles, la pobreza, el desamparo. Una Patria para pocos, donde el otro no es un par, un semejante, un compatriota sino que, para los ricos, es un molesto cabecita que exige más y más derechos o un competidor en el reparto de las migajas que dejan caer los poderoso, para los medio pelo.