La coparticipación federal que rige la economía de la Nación y las provincias fue establecida en los 80/90, cuando sobrevolaban profundas crisis en la Argentina post dictadura y gobernaban neoliberales, aun con distinto pelaje político. Por Silvia Torres

 

El problema de la coparticipación federal continúa siendo uno de los problemas más serios, que impide lograr un país con estados provinciales económica y financieramente sólidos. Se rigen por una ley sancionada en 1988 y otra en los 90, gobierno del radical Raúl Alfonsín y del peronista conservador Carlos Menem. En el primer caso, se sancionó el Régimen Transitorio de Distribución, así se denominó la norma 23.548, que estableció que 42,34 por ciento de los fondos recaudados serían para la Nación y 54,66 para distribuir entre las provincias. A Misiones le correspondió 3,43 por ciento y colocó a la provincia en el 13º lugar en el ranking, a pesar de que por su constitución demográfica le hubiera correspondido el 11º y algunos puntos más. En la legislatura misionera, con mayoría radical, no hubo espacio para el pataleo por el tinte extorsivo del artículo 16 de la norma, mediante el cual se establecía que el reparto quedaba “supeditado a la adhesión expresa de cada una de las provincias”, caso contrario, no entrarían en el reparto. Los radicales, con honrosas y dignas excepciones, que se siguen autodefiniéndose como los campeones de la democracia y de apego a las normas esenciales de la República, tienen sin embargo en su haber acciones de este tipo, que son los antecedentes más elocuentes de porqué hoy se encuentran asociados a la derecha más recalcitrante y que históricamente manejó los hilos de la política nacional.

Así se fue consolidando el modelo unitario, autoritario y de sometimiento del interior, ya que con la aparición de períodos con políticas nacionales y populares, la oposición, que multiplica su mensaje por la acción mediática hegemónica, disfraza de populista y dictatorial cualquier intento por limitar el poder político-económico del país central.

La dupla Puerta-Schiavoni

¿Es casual la alianza del puertismo con el neoliberalismo del gobierno nacional que se expresa en la alianza macrista-radical-massista? ¡Para nada! Es la consecuencia lógica con solo recordar la gestión del gobierno puertista que tuvo en Humberto Schiavoni como su principal espada, al frente de la todopoderosa área de Hacienda, en las épocas en donde la tónica de la política económica era exactamente igual que la actual: endeudamiento, ajuste, privatización de las empresas provinciales, desfinanciamiento del Estado provincial y de los Municipios.

El único espacio posible para que esta dupla se “coloque” políticamente era el macrismo, a tal punto de que Schiavoni es el presidente del PRO, el partido político creado y sustentado por el actual presidente de la Nación. Desde allí, aterrizó en el Ente Binacional de Yacyretá, con una gestión que tiene la tónica de la parálisis, ya que los suculentos recursos del mismo son enviados prolijamente al ministerio de Aranguren y no invertidos en Misiones, para continuar con las obras y los servicios que deben paliar los efectos negativos provocados por la represa.

Fue el ideólogo y ejecutor de toda la política que dejó a la provincia con las arcas vacías y un gigantesco endeudamiento, durante el puertismo, que se debió paliar con el IETE, el impuesto que saqueó durante años los bolsillos de los agentes activos y pasivos del Estado provincial, además de la pobreza, el hambre y los pavorosos índices de mortalidad infantil, fueron similares a los de las regiones más pobres del África.

También, bajo la batuta de Puerta-Schiavoni, la provincia aceptó sin chistar la quita del 13 % (ley 24.073) de su coparticipación para abastecer el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense, que hoy reclama en su totalidad la gobernadora macrista de ese estado, que le significaría a Misiones prescindir de un monto fabuloso equivalente al total de lo que se abona en concepto de salarios (policías, maestros, salud pública, etc.), durante un año.

Estas son las cucardas, siempre en contra del interés de los misioneros, que porta Schiavoni, mientras que Pastori es un activo defensor de las políticas nacionales. Los dos son operadores y levantamanos obedientes de los dictados del poder central, que se expresa en la política de despojos cotidianos que padecen los argentinos y los misioneros, en particular, a quienes se los condena a competir con los países limítrofes en total desigualdad de condiciones, sin que al gobierno nacional ni a sus lacayos locales, se les mueva un pelo para resolverlos.

Los misioneros tienen una sola alternativa: Votar por sus candidatos, los que responden a las demandas locales, caso contrario, estarían eligiendo candidatos comprometidos con intereses de otros espacios, sectores y grupos económicos, que nada tienen que ver con Misiones.