Como era de esperarse, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió a favor del reclamo de fondos por parte de la provincia de Buenos Aires, sin importar que esa decisión, apoyada por el presidente de la Nación, lesiona los recursos económicos del resto de las provincias. De nuevo, el poder define a favor del centro. Por Silvia Torres

 

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no debiera de sorprender a nadie. Integrada con dos cortesanos que se metieron por la ventana y, luego, fueron legitimados por la decisión de los senadores, inocentemente respetuosos por la “gobernabilidad”, suma un nuevo episodio en la larga lista de frutos amargos que el país va cosechando, que crean condiciones de vida indignas para un número cada vez mayor de compatriotas y determinan un futuro aún más ingrato.

La decisión implica la disminución de unos 3 ó 4 mil millones de pesos anuales para la provincia de Misiones, situación que impactará seriamente en la administración del Estado y en los planes y programas de asistencia y desarrollo, ya disminuidos desde el cambio que Cambiemos viene implementando en la política nacional, direccionada a favorecer a pocos en desmedro del interés de las mayorías.

Veintidos gobernadores del país mantuvieron reuniones para peticionar que no se lesionen los dineros que les corresponden a sus distritos y destacaron que, si bien el Fondo del Conurbano Bonaerense perdió volumen por las circunstancias de la política económica del macrismo, esa provincia fue favorecida con millonarias partidas especiales del Tesoro, cosa poco corriente en relación con las otras.

La grieta vuelve a cobrar vigor y por la misma antigua razón por la que la Argentina se desangró en una despiadada guerra civil entre federales y unitarios, en el siglo XIX; se violentaron procesos democráticos constitucionales y cuya culminación fue el genocidio de la última dictadura militar, esto es, la distribución de la riqueza que una vez más enfrenta a los pajueranos con el centro. Como entonces, los poderes fácticos junto a sus lacayos solo buscan garantizar que los más ricos se apoderen de la parte del león.

El país, luego de su independencia del poder monárquico absolutista español, debió decidir sobre qué clase de Nación pretendía ser y, desde el vamos, los dos modelos se pusieron de manifiesto: El país central, monopolizador de la riqueza en manos de una oligarquía avara y egoísta vs. el país federal, bregando por una distribución equitativa y por iguales condiciones para el desarrollo.

La imposición de la oligarquía a fuego y metralla –o cualquier otro medio violento propio del terrorismo de estado- y las ingenuas, a veces y, otras, poco claras conductas de líderes provinciales determinaron el país que tenemos: Fuerte concentración de la riqueza, regiones abandonadas y/o con desiguales condiciones de desarrollo, dispar posibilidad de acceso al trabajo, a salarios dignos, a educación y salud. ¿Provincias inviables, a las que habría que rematar o simplemente arrojarlas al extermino definitivo? Exactamente lo contrario de lo que hicieron los fundadores del imperio del Norte.

Así las cosas, hay que replantear qué es para las provincias la gobernabilidad y qué están dispuestas a exigir, sin renunciamientos ni agachadas, frente a un poder que históricamente no tuvo miramientos en imponer un único interés: Ganar más y más y más dinero, utilizando todas las artes, incluidas las non sanctas. Es hora de que la dirigencia política, empresaria, laboral, etc. comprenda que es necesario bregar, sin ningún tipo de concesiones, por el desarrollo equitativo y razonable de todas las regiones del país, porque eso y no otra cosa, fue lo que hizo grandes a las grandes naciones del mundo.