Con esa manía que le es propia de mentir, engañar, tergiversar mediante la manipulación del lenguaje, el gobierno de Macri anunció la aplicación de una serie de “reformas” en el campo laboral, fiscal y en la seguridad social. No es reforma, sino Contrarreforma. Por Silvia Torres

 

Reforma: Aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo. (DRAL, 2ª acepción).

Contrarreforma: Actuación contraria a una reforma anterior. (Ibídem, 1ª acepción).

El gobierno de Mauricio Macri denomina “reforma” a una serie de medidas tendientes a destruir la estructura de derechos sociales y aplicar una retrógrada política fiscal, con la finalidad –no confesada, obviamente-, de consolidar la dependencia de la Nación a la voracidad del capitalismo internacional, al mismo tiempo que someter al pueblo a todo tipo de privaciones provocadas por el empobrecimiento. No es más que otra expresión de lo perverso y dañino que es el gobierno nacional, en manos de ricos empresarios y gerentes de multinacionales, sobre cuyas cabezas pesan delitos económicos para todos los gustos.

En realidad, el macrismo no hará una reforma, sino una contrarreforma, es decir, implementar acciones políticas contrarias de las que existen desde la Revolución de Junio de 1943, cuando Juan Domingo Perón comenzó a concretar reformas en el ámbito laboral, que luego abarcaron a toda la sociedad; en lo económico, sosteniendo y promoviendo un proceso de industrialización y sustitución de importaciones y sumando gigantescas inversiones en obra pública. Para ello se valió de las ideas largamente propuestas, militadas y luchadas por socialistas, comunistas y anarquistas, que conformaban las ideologías de gran parte de la base social, de las distintas oleadas inmigratorias de origen europeo.

Precisamente, las reformas en el campo del trabajo, la educación, la salud, los derechos civiles y políticos permitieron que la Argentina fuera un país modelo en el contexto internacional, por el alto nivel de las prerrogativas alcanzadas, que impactaron en la sociedad y permitieron la formación de una clase media de profesionales, comerciantes, industriales, técnicos de alto nivel, científicos capaces de obtener premios Nobel, docentes con gran prestigio internacional, etc. Así como también, la Argentina se consolidó como Meca para millones de hombres y mujeres que, sin futuro y sin esperanzas de una vida mejor en sus países de origen, encontraron acá no solo el trabajo digno, sino también toda una serie de derechos que les permitía el ascenso social, para sí mismos y para sus descendientes. Ascenso social que, hasta el día de hoy, es negado en innumerable cantidad de países del continente y del mundo.

Durante los 12 años del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, aquellos ya consolidados derechos que ni aún la dictadura genocida pudo destruir, se completaron con otros que perfeccionaron el statu quo legal del pueblo argentino, cuando ya los derechos sociales formaban parte de la Constitución Nacional, en sus artículos 14 y 14 bis.

De allí que, aunque parezca una obviedad -que sin dudas lo es, pero que cualquier facilitación para rememorar las esencias que rigen nuestra vida y las normas de la República no están demás, en tiempos de gigantesca manipulación idiomática a través de los medios hegemónicos y de los propios integrantes del gobierno nacional-, es que se transcriben los dos artículos de la CN que hacen referencia a los derechos de los ciudadanos.

Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

En estos momentos dramáticos en los que tantos se llenan la boca hablando de la República, mientras ignoran los actos que la mancillan cotidianamente, es muy necesario destacar que lo que propone el gobierno y está a un tris de lograrlo, gracias al uso de métodos mafiosos y violatorios del necesario respeto al Federalismo, es una contrarreforma con todas sus letras y en todo su significado.