Hubo un error. Levantar “el cepo”, no era la condición para que “llovieran las inversiones” y tampoco pagar a los buitres la gigantes deuda ilegal que reclamaban. Lo realmente necesario es la contrarreforma, mal llamada “reforma”, que retrotrae a la Argentina a las primeras décadas del siglo pasado. Por Silvia Torres

¿Cómo se puede convencer un ciudadano o ciudadana que la nueva contrarreforma –mal llamada “reforma”, como lo indica el diccionario-, pergeñada por el macrismo-radicalismo lleve al país por la senda del crecimiento, al pleno empleo y, al fin, alcanzar, “pobreza cero”? ¿Cómo, tratando de imponer los mismos instrumentos que se vienen repitiendo desde la formación del Estado argentino, que tuvieron nefastos efectos sobre la vida cotidiana de las industrias, las pymes, los productores agropecuarios y, sobre todo, sobre la gran masa de trabajadores?

¡Vaya uno a saberlo! Lo cierto es que, de nuevo, ¡sopa! Porque la contrarreforma se apoya en tres patas imprescindibles para asegurar la concentración de la riqueza, el fin primero y último de este grupo de gerentes de grandes corporaciones, además de expertos y enriquecidos jugadores en las lides de la timba financiera: La contrarreforma fiscal, la contrarreforma previsional y la contrarreforma laboral*.

Teniendo en cuenta la historia argentina, es doloroso pensar que estas contrarreformas vuelvan a instaurarse, vía Parlamento, estando tan fresca en la memoria cómo terminó el experimento anterior. El acuerdo fue alcanzado entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores de 23 provincias, excepto San Luis. Además, ya se corre el rumor, instaurado por un dirigente gremial de peso erigido en opositor y convocante de movilizaciones para frenar la intentona, de que los gobernadores y los legisladores de sus provincias podrían haber sido víctimas de extorsiones o que podrían correr sobornos, al estilo del episodio Banelco ocurrido en tiempos de De la Rúa, que ponen en veremos las conductas de los representantes del pueblo.

Hay algunos mínimos síntomas auspiciosos en la economía nacional, repunte del turismo el último fin de semana y alguna señal positiva del consumo, claro que lo más importante es la abrupta caída del déficit fiscal por contención del gasto público en casi 45 %. Esto último sería digno de festejo, sino fuera porque ese “ahorro” se lo degluten los voraces intereses de las LeBaC, que engrosan los bolsillos de los ricos expertos en la timba financiera.

Este marco dramático para el pueblo argentino, abonado por la desaparición del submarino ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo, se abona con el hecho de que la deuda en dólares, que durante el “despilfarro K” alcanzaba 13,3 % del PBI, en manos del “mejor equipo de los últimos 50 años” se elevó en 36,6 % del producto argentino, en apenas dos años, lo que provocó la reacción no ya de economistas opositores, sino de los más puros neoliberales.

No debe dejarse de mencionar el constante tarifazo en los servicios públicos y en los combustibles, mientras que hubo tirón de orejas para los gobernadores por parte de Macri para que ajusten salarios, cantidad de personal y los gastos en los estados provinciales porque, adujo, el nivel de los salarios estatales es lo que empuja a la alza de los salarios privados, razón por la cual la Argentina es inviable en cuanto a su competitividad. ¡De nuevo, el rancio pretexto neoliberal que se contradice en países con alto desarrollo económico social y que se posicionan como los mejores en cuanto a calidad de vida de sus habitantes!

Este pedido se torna por demás insólito en boca de Macri, que despidió a 15 mil trabajadores del Estado nacional pero designó a 16 mil con altísimos sueldos, en absurdas reparticiones cuyas misiones y funciones llegan al paroxismo de lo inaudito, mientras se ocupó de desmantelar puntillosamente áreas para el control de precios, calidades, condiciones fiscales y laborales, etc. eliminando funciones inalienables del Estado.

Las contrarreformas conducen a la desaparición de derechos constitucionales de los sectores del trabajo, la niñez y la ancianidad que, de aprobarse, dispararán millones de juicios, en tanto que la contrarreforma fiscal continuará descapitalizando no solo al Estado nacional sino también a las provincias, que firmaron el acuerdo con la expectativa de que, ahora sí, el sector empresario, el único favorecido con las medidas propuestas, derrame sobre la sociedad creando fuentes de trabajo y pagando buenos salarios. ¡Habrá que tener muchos y buenos argumentos para convencerlos de que los millones de pesos que se ahorrarán en impuestos vayan a la producción y a la industria, en vez de a las tentadoras LeBaC!

 

* A última hora de la tarde del jueves 23, el senador Pichetto daba cuenta de que el bloque del PJ-FpV que preside, no daría el debate para la contrarreforma laboral, en lo que queda del corriente año, sino solo en el 2018.