A dos años de asumido el gobierno de la alianza macrista-radical hay contundentes síntomas del deterioro económico social del país, que camina a una profundización en virtud de las contrarreformas previsional, laboral y fiscal. En Misiones, con impronta política diferente, se renovó el Poder Legislativo y se mantiene cierta estabilidad económica, aunque jaqueada por la macroeconomía nacional. Por Silvia Torres

Mauricio Macri afirmó que “lo que hicimos hasta acá es extraordinario”, al cumplirse dos años de haber asumido la Presidencia de la Nación. Sus palabras no están exentas de cierta razón, ya que endeudó al país en más de 125 mil millones en dos años (tres veces más que la dictadura genocida, en siete), a lo que hay que agregar la deuda en pesos por las operaciones con LeBaC, que alcanzan 1 billón 23.926 millones de pesos; se provocó la destrucción de 600 mil puestos de trabajo; se despidió a más de 20 mil trabajadores del Estado nacional y quedan pendientes otros tantos telegramas, no obstante lo cual se incrementó la planta burocrática en 25 %; hay 31,4 % de la población en estado de pobreza y ya roza 6 % la indigencia, que había sido eliminada hasta el 2015, según el Observatorio Social de la UCA; hay presos políticos; las fuerzas de seguridad invaden predios de pueblos originarios y universitarios y ya provocaron la muerte de dos jóvenes; se disparan las evidencias de la corrupción y falta de independencia del Poder Judicial, en tanto que se habilitan las sesiones extraordinarias para encarar la contrarreforma previsional -ya con media sanción de Senadores, por el aporte de peronistas y del FpV, atados a los mandatos de 23 gobernadores que la aceptaron junto con la fiscal-, y las leyes de contrarreforma laboral y fiscal.

¡Es extraordinario, sin dudas! Sobre todo porque los efectos de las políticas macristas-radicales pulverizan el Estado de Derecho, para convertir a la Argentina en una típica republiqueta bananera, que persigue a los opositores y a ciudadanos de a pie; impone un férreo control de la libertad de expresión; presiona sobre jueces y fiscales que sancionan medidas que no son del agrado del poder; elimina y/o reduce impuestos sobre los sectores más ricos y aprieta hasta la miseria a los más pobres, permitiendo una asfixiante concentración de la riqueza y deposita sobre la cabeza de los opositores la responsabilidad de la corrupción, pero evita que infinitas evidencias recaigan sobre el pellejo de los actuales funcionarios y sean tenidas en cuenta por el Poder Judicial.

Pan para hoy, hambre para mañana

La reforma fiscal pactada con 23 gobernadores, excepto el de San Luis, lleva implícita el desfinanciamiento de la Anses que dejaría de recibir entre 50.000 y 100.000 millones de pesos anuales –conforme sea la compensación por el impuesto al cheque, que Cambiemos también busca ir eliminándolo paulatinamente-, para dar respuesta a las demandas de la provincia de Buenos Aires, en tanto que las restantes disminuirían sus ingresos por impuestos que se reducen o eliminan con la esperanza de que los déficit provinciales se puedan refinanciar con deudas, al estilo de los ’90, como ya ocurre con muchas estados que no alcanzan a cubrir sus gastos corrientes. En síntesis, los jubilados aportarán para el éxito de la gobernadora bonaerense y su eventual candidatura para suceder a Macri, en caso de que su figura pague el costo político del desaguisado que se extiende por todo el país.

Misiones, por el momento, no se ve apremiada como otras provincias, en virtud de que maneja sus finanzas con cierta eficiencia en la balanza de ingresos-egresos. A tal punto de que puede otorgar a sus trabajadores activos y pasivos un bono de fin de año, que ni remotamente atraviesa la cabeza de Cambiemos a nivel nacional, ni en los distritos que gobiernan.

Pero, caben algunos interrogantes, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir la eficiencia fiscal misionera, debiendo achicar impuestos y tasas y teniendo como marco una macroeconomía nacional que solo busca la timba financiera y la concentración de la riqueza? ¿Tendrá la provincia respuestas positivas con mayores inversiones del empresariado por la reducción de impuestos, cuando éstos tienen adelante el dulce de leche de las LeBaC y el pavoroso achicamiento del poder adquisitivo de los ciudadanos? ¿Podrá la provincia salir airosa en el marco de una Nación que desinvierte, ajusta, crea un clima de represión y favorece una gigantesca fuga de divisas?

Cualquier misionero bien intencionado pretendería que el milagro sea posible, a pesar de que muchos comprovincianos fueron seducidos por el canto de sirenas de un discurso mentiroso, que manipuló y manipula a la opinión pública por su hegemonía y que, por ello, tendrá una importante representación en la Legislatura provincial, en donde han puesto de manifiesto que “pretenden reformas estructurales”, en el mismo sentido que las que aplica la Nación y esto choca de lleno con un proyecto político diametralmente opuesto.

Habrá que estar expectante, entonces, si será posible mantener la convivencia democrática y la grieta cerrada, como es la intención expresada por Carlos Rovira, nuevamente elegido titular de la Cámara de Representantes -con la abstención de ocho de los 10 legisladores de Cambiemos, que quieren las “reformas estructurales”-, ante un choque de dos posiciones diametralmente opuestas para manejar la cosa publica.