¿Puede haber democracia violenta, vallada y autoritaria? Ocurre. La Argentina demostró que es posible dar marcha atrás con derechos y ajustar la economía sobre las espaldas de los sectores sociales más vulnerables, usando la extorsión, la violencia y el autoritarismo. Por Silvia Torres

 

“Los gobiernos echan mano al dinero de los jubilados y desfinancian los recursos de la Anses. Los jubilados pagan la fiesta de los malos gobiernos”, Elisa Carrió, diputada nacional aliada al macrismo, 2008.

“Te pedimos que salgas a la calle, que nos movilicemos, convocamos a la lucha callejera para decir qué queremos, qué país queremos”, Patricia Bullrrich, ministra de Seguridad responsable de la feroz represión del 14/12/2017, en abril del 2013.

“No tenemos previsto hacer ninguna reforma previsional ni laboral. En todo caso se abrirá el debate para el 2019. Que nadie tenga miedo”, Marcos Peña Brown, jefe de Gabinete de la Nación, campaña electoral, julio del 2017.

Al momento de escribirse estas líneas solo se sabe que, una vez más, las movilizaciones populares desafían a fuerzas de seguridad armadas como para ir a luchar a Afganistán, preparadas para meterle palos al pueblo que no se resigna a morirse de hambre en sus hogares. Como era fácil de preverse, la alianza macrista radical, continuando con la línea histórica que marcó su existencia, está dispuesta a imponer su proyecto político que, sintéticamente, se centra en la concentración de la riqueza en pocas manos, mientras que un gigantesco endeudamiento interno y externo garantiza la fuga de divisas, en tanto que el pueblo, los sectores más vulnerables, deben privarse de lo elemental para garantizar, con sus infinitas carencias, el descarado enriquecimiento de unos pocos y el vaciamiento de las arcas nacionales.

Hoy, de nuevo, tendrá lugar una sesión extraordinaria en el Congreso Nacional, intentando lograr la ley de reforma previsional que, se la mire por donde se la mire, es archi perjudicial para los jubilados, los niños más pobres, los discapacitados, los ex Combatientes de Malvinas y los trabajadores en general, a los que se les aumenta la edad para acceder a la jubilación.

Mientras 425 mil millones de pesos se distribuyen entre 2.500 productores de granos, gracias a la eliminación de las retenciones a las exportaciones y en enero próximo se eliminará el último 5 % de las mismas, de tal manera de aportar aún más dólares a los ricos hacendados, al mismo tiempo que cifras aún mayores benefician a las mineras; 245 mil millones se reparte entre 3/4 empresas eléctricas de los amigos (¿socios?) de Macri: Nicolás Caputto, Midlin y Lewis; la deuda crece a un promedio de 52 mil dólares por minuto y los intereses que se pagaron en 2017 alcanzan 50.600 millones de la misma moneda, en tanto que para el año próximo –siempre y cuando no siga aumentándose el festival de bonos-, será de 44.400 millones.

A todo esto y en virtud de que el endeudamiento en dólares y en LeBac es pavoroso y al servicio de la timba financiera, provocó un inusual y peligroso déficit fiscal, todo lo cual condena a la Argentina a ser calificada en la actualidad, como la segunda economía más frágil del mundo, según operadores internacionales.

Entonces, a dos años de gestión macrista y del “mejor equipo de los últimos 50 años”, la perversa y procaz fiesta de los ricos cada vez más ricos y más de una tercera parte de la población en la pobreza, la deben pagar jubilados, trabajadores, los niños pobres, los discapacitados y ex combatientes. Esta vez, no solo como producto de la decisión política del oficialismo, sino con el aporte de un vasto sector del peronismo y de agrupaciones políticas provinciales, por las negociaciones de 23 gobernadores con el poder central.

La decisión, que contó con el apoyo exprés en la Cámara de Senadores y pasó a diputados, disparó una gigantesca movilización popular que fue ferozmente reprimida por la Gendarmería Nacional, convertida en el brazo armado del macrismo. Este lunes 18 de diciembre, de nuevo se intenta la aprobación del proyecto, con un Parlamento vallado a 400 metros a la redonda, para que los legisladores puedan hacer su trabajo en contra del interés superior del pueblo, sin tener que soportar el bullicio de la multitud.