La consagración de derechos para vastos sectores populares o la simple lucha por alcanzarlo, no fue tarea fácil para líderes y militantes que comprometieron y comprometen su vida con ese fin. Hoy se pone en evidencia cómo el establishment persigue y castiga. Por Silvia Torres

 

Está a la vista de quien quiera ver cómo se persigue y se castiga a líderes y militantes que encauzan su vocación política a la consecución de derechos para las grandes mayorías populares. No es nuevo que existan detenidos sin procesos claros -mucho menos sin condenas parciales o firmes-, originados en pretextos absurdos, traídos de los pelos y que despiertan el rechazo de organizaciones jurídicas del mundo llamando la atención al gobierno nacional, algunas de las cuales, como la Comisión por los DDHH de Naciones Unidas, dictaminaron en favor de la libertad o, a lo sumo, la prisión domiciliaria de la líder de la organización Túpac Amaru, Milagro Sala.

También Human Rights Watch, la organización internacional no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, hizo explícito en un documento público que “procesar por ‘traición a la patria’ a funcionarios responsables de la negociación de un acuerdo diplomático internacional parece una medida disparatada e irracional”, en relación con el caso que afecta a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a integrantes de su gabinete que se encuentran con prisión. En tal sentido, el ex canciller Héctor Timerman, publicó una carta en The New York Times, en donde explica las razones por las que se firmó el memorándum con Irán, para destrabar el proceso judicial por el atentado contra la AMIA.

En la sesión extraordinaria de ayer, miércoles 20 de diciembre, en la Cámara de Diputados de la Nación, muchos legisladores tenían frente a sus bancas el clamor de un gran sector de la sociedad, “Por una Navidad sin presos políticos”, en una manifestación inédita en la historia del Parlamento, pidiendo por la libertad de ex funcionarios del gobierno anterior, incluido el ex vicepresidente, Amado Boudou, además de la permanente agitación con denuncias mediáticas y apertura de procesos en contra de los mismos. En tanto, a pesar de que los medios internacionales de prensa menean casi cotidianamente el carácter de corrupto del presidente Mauricio Macri y muchos de sus funcionarios y familiares, la condena social y judicial en la Argentina solo recae sobre integrantes de los gobiernos kirchneristas.

Hay que decir, en primer lugar, que tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de Kirchner reprodujeron las características de los gobiernos de Juan Domingo Perón, con fuerte impronta en empoderar a vastos sectores populares, otorgando derechos consagrados en la Constitución Nacional, aunque ignorados por casi todos los otros gobiernos.

Este tipo de políticas, que son calificadas despectivamente por el establishment como populistas, provocan la reacción de la oligarquía local –que debe pagar impuestos-, y del mundo financiero, que pierde un “cliente” al cual saquear con préstamos leoninos. La reacción, casi siempre feroz y violenta, hoy se hace presente de nuevo, con un gobierno que esquilma los bolsillos del pueblo con tarifazos expoliadores, con un proceso inflacionario que no cede y que se resiste a que los trabajadores activos y pasivos y los sectores merecedores de una atención especial por parte del Estado –niños pobres, discapacitados, jubilados, ex combatientes, etc.-, puedan acceder a salarios medianamente dignos para la subsistencia.

Para ello necesitan desmantelar todo tipo de oposiciones: Con procesos judiciales, con prisión, con extorsiones y amenazas, con prebendas, con violencia institucional o con cualquier otro método propio del nazi-facismo que sirva para sus objetivos.

Esto no es nuevo en la Historia de la Humanidad. Con solo recorrer la historia nacional desde sus orígenes se pueden registrar los asesinatos de Mariano Moreno, Manuel Dorrego y del Chacho Peñaloza; el proceso a Juan José Castelli; la enfermedad y muerte en la pobreza y el olvido de Manuel Belgrano; el exilio de San Martín, Artigas y Rosas. El caso de Perón, electo tres veces Presidente de los argentinos, merece un párrafo aparte. Siendo Secretario de Estado de Trabajo y Previsión creó el Instituto Nacional de Retribuciones, que se ocupó de establecer entre otras cosas el aguinaldo, además de las vacaciones pagas, como parte de la retribución de los trabajadores, todo ello mediante un decreto que fue sancionado el 18 de diciembre de 1945, cuando ya Perón había dejado de ser parte del gobierno de la Revolución Juniana -por la exigencia de la oligarquía y sectores militares-, había estado preso en Martín García y recuperado a la actividad política por el movimiento popular del 17 de Octubre.

Diez años después, el General, que había tenido que deponer por juicio político a la Corte Suprema de Justicia que había declarado “inconstitucional” a los Tribunales del Trabajo, fue depuesto en 1955 por una revolución militar, que antes había bombardeado a la ciudad de Buenos Aires, provocado casi 400 muertos y más de 600 heridos. Luego, fue obligado a permanecer en el exilio, durante 18 años.

Es lo que ocurre toda vez que los sectores oligárquicos de la Argentina, representados por grandes terratenientes y corporaciones nacionales y multinacionales, deciden que es inaceptable que se les imponga algún tipo de límite a su voracidad sin límites o algún tipo de restricción a su eterna vocación de evasores, lavadores y fugadores de divisas. Entonces, recuperan el gobierno -antes, manu militari y, ahora, manu “el mejor equipo de los últimos 50 años”-, para ejercer el mejor oficio que conocen: llevarse todo con pala y perseguir, encarcelar, reprimir y hasta asesinar, si es necesario, a todos quienes se atrevan a ponerles alguna barrera, a favor de las mayorías populares.