Los tarifazos, los aumentos de precios en la canasta básica, la inflación imparable, la destrucción de derechos laborales y el hambre son la esencia del modelo imperante en la Argentina, desde la asunción de la alianza macrista-radical. Endeudamiento y dolarización de la economía, los demoledores factores para la economía popular. Por Silvia Torres

Los tarifazos no cesan. La suba del dólar, tampoco. En una economía liberada a las leyes del mercado y fuertemente dolarizada, esos son dos de los factores que determinan el descalabro de la economía de las familias argentinas, cuyos ingresos vienen perdiendo nivel adquisitivo cotidianamente.

La dolarización de la economía es lapidaria para el consumo popular. Para muestra, basta un botón: la bolsa de harina, insumo básico para un producto paradigmático en la mesa argentina, el pan, aumentó de 270 pesos la bolsa a 360/390, en boca de molino. Es que los productores/elaboradores de granos son los principales exportadores del país. Exportan a precio dólar, según sea la cotización de Chicago, por lo tanto, pretenden la misma renta vendiendo la harina (el aceite, el pollo, el cerdo, la carne vacuna, la leche y de derivados, etc.) a los argentinos, que no cobran salarios equivalentes a los yanquis o a los de la Unión Europea y ni siquiera a los de ciertos países orientales.

La quita de retenciones a las exportaciones agropecuarias y la eliminación de otros instrumentos, como cupos para consumo interno con precio nacional, disparó el precio de la canasta básica, cuyo consumo tuvo un descenso desde el vamos y sigue en caída libre creando, más que “pobreza cero”, un legión creciente de hombres, mujeres y niños que recurren por alimentos a los comederos públicos.

La situación se agrava por el sistema de comercialización que se impuso a partir de los ’90, con la masificación de grandes cadenas de supermercados que operan con criterio de cartel: Todos igualan los precios a la suba y condicionan, además, el precio que se le paga a los productores. Cuando la televisión escapaba en pequeña parte, siquiera, a la hegemonía del Grupo Clarín, los argentinos podían conocer cómo manipulan los precios estas cadenas, en su gran mayoría de capitales internacionales, que remiten ganancias a sus casas centrales.

El problema no es en sí mismo ni la exportación de granos/lácteos/carnes etc. ni la comercialización en super e hipermercados –como ocurre en casi todo el mundo-, sino la ausencia del Estado para establecer reglas de juego claras, que impidan que los consumidores sean esquilmados y limiten las exorbitantes ganancias de estos grupos.

El dirigente empresario argentino propietario de las marcas Marolio, Molto y de Maxiconsumo, afirmó que las grandes cadenas agregan un 30/40 % más del valor que corresponde. Se quedó corto, porque varios relevamientos dan cuenta de que el aumento llega a 100/140 % en muchísimo productos esenciales, (sin contar lo que se aplica a frutas y verduras), algo que no se da en ningún lugar del mundo, precisamente porque el Estado cumple un rol de control fundamental en tal sentido. Control que se operó con distintas medidas durante el kirchnerismo, pero que fueron desmanteladas en esta gestión, desde el momento en que se colocó ante la Secretaria de Comercio a un conspicuo familiar de los propietarios de una cadena de supermercados.

Se publicó en tiempos pasados recientes los promedios de rentabilidad que tenían estos negocios en el país: de 4,6 % a 12 % anual, cuando en otros países van de 1,5 %, en los EEUU a 4,2 %, en Japón.

La dolarización de los precios de lo que comemos sumado a la descarada avidez de fabulosas ganancias forman un combo que destroza el poder adquisitivo, además de la limitada infraestructura en la provisión de otros insumos que demanda la industria alimenticia y los tarifazos, en donde no hay otros responsables más que los que conducen el Estado.

Ojalá que los argentinos tomen conciencia de la cadena de hechos que conforman la realidad que golpea día a día la vida de todos y, muy especialmente, de los más vulnerables. Es necesario comprender que, en un país que exporta alimentos –y que ojalá desarrolle con más ímpetu, para aprovechar las óptimas condiciones del país, algo que no se está haciendo y que, por el contrario, debido a medidas políticas erradas, está perdiendo mercados: China compró 14 % menos de soja-, se debe preservar el consumo interno para que no suceda lo que sucede: Hambre en un país productor de alimentos y precios que nos matan.