El último informe sobre América latina de la FAO da cuenta que el proceso para eliminar el hambre en el continente se detuvo y comenzó una línea ascendente, a partir del 2017. Argentina aporta lo suyo, con fuerte empobrecimiento y el único recurso posible es la movilización, la protesta, la huelga. Por Silvia Torres

 

Si algo le faltaba a América latina para comprobar lo nefasto del neoliberalismo asolando a los países es el último informe de la FAO, que da cuenta de que el descenso del hambre y la malnutrición de la población, que se había registrado en los últimos años, torció su línea esperanzadora y volvió a ascender, desde el 2017, con 24 millones de personas más con hambre y 42 millones más de subalimentados, en relación con los registros anteriores.

No es casual que estos datos se den en el marco de políticas neoliberales impuestas en Brasil, en virtud del desalojo de la presidenta Dilma Rousseff; del gobierno de la alianza macrista-radical en la Argentina y la permanencia de gobiernos ultra liberales en la mayoría de los países del continente que, al concentrar la riqueza, impiden el acceso a la alimentación o retacean la calidad de la misma, por el alto precio de los productos esenciales de la canasta, para vastos sectores sociales.

Los masivos despidos producidos en la Argentina, tanto en el sector estatal como en el privado, mediante un goteo que no llega a su fin, arroja a millones de personas a engrosar los índices de pobreza y, más aun, los de indigencia. O sea, familias enteras que solo alcanzan a subalimentarse, con mala calidad y escasa cantidad de alimentos, porque no cuentan con los recursos económicos para acceder a ellos.

La desocupación, los tarifazos, el incesante aumento del precio de los alimentos básicos que provocan un incontenible proceso inflacionario, sumado todo ello a la decisión de un gobierno inhumano, a límites inconcebibles en estados democráticos, porque brega incansablemente para impedir la recomposición de los salarios, obediente con las viejas reglas de los vetustos organismos financieros internacionales los que, a su vez, responden a los lineamientos de la timba y los requerimientos del imperio.

De allí que, luego de dos años de gobierno macrista-radical, las fuerzas populares retoman instrumentos de lucha, para intentar detener el proceso de deterioro de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables –en donde ya se ubican niveles medios-, y llaman a una movilización para el 21 de febrero.

La convocatoria provocó el quiebre de la conducción tripartita de la CGT, como era de esperarse, ya que desde su constitución no era más que una unidad atada con alambre. La presión de las bases tornó insostenible la situación de cierta dirigencia y fue el detonante, en virtud de los impiadosos recortes que recibe la clase trabajadora, que se agregan a otros que se avizoran en el horizonte y que pretenden retrotraer la situación a épocas decimonónicas. Todo ello es el coctel que disparó la medida de fuerza, que se supone será masiva y contundente.

El pueblo argentino está siendo sometido a despojos que lesionan derechos inalienables, impensables con gobiernos democráticos o pseudo democráticos que jamás se atrevieron a tanto, que impactan no solo en la vida cotidiana de las personas, sino también en la calidad institucional del Estado, mancillada por decisiones autocráticas con apoyo de sectores del Poder Judicial y, obviamente, del establishment, el gran ganador de este período nefasto de la historia nacional.

El saqueo al bolsillo de los argentinos, la persecución judicial con prisión incluida a integrantes del gobierno anterior, el escandaloso endeudamiento externo y la fuga de divisas, los mafiosos aprietes a gobiernos provinciales para obtener la aprobación de “pactos” fiscales de dudosa calidad financiera e institucional, los asesinatos de jóvenes y la represión de la protesta social, ponen sobre la mesa el único recurso posible que le queda al pueblo argentino, en defensa de su dignidad: la protesta con movilización masiva en las calles del país. Y así será.