El senador misionero Maurice Closs presentó un proyecto de Ley para que los Decretos de Necesidad y Urgencia, emanados por el Poder Ejecutivo, sean dictados en virtud de un hecho grave que implique un peligro para el interés público, las personas o los bienes, y que las disposiciones estén directamente relacionadas con este único hecho, rechazando los denominados DNU ómnibus,  que incluyen diversas temáticas pretendiendo reemplazar el rol del Congreso Nacional.

El proyecto de ley busca modificar el Artículo 10° de la Ley 26.122, que regula el trámite y alcance de la intervención del Congreso respecto a los decretos que dicta el Poder Ejecutivo.

En tal sentido introduce dos tipos de modificaciones al artículo 10 (La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento):

Unos de carácter formal:

a) Firma en acuerdo general de ministros;

b) Refrendado por el jefe de Gabinete de Ministros;

c) Remisión dentro de los diez días al Parlamento.

 

Y otros de carácter sustancial:

a) No trate materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos

b) Circunstancias excepcionales que impidieran al Poder Ejecutivo Nacional seguir el  trámite ordinario de formación y sanción de las leyes, los que deberán constar en los considerandos del instrumento, indicando expresamente los peligros y amenazas al interés público, a las personas o los bienes de los habitantes, precisando los medios dispuestos para superar los hechos que originaron la medida de excepción.

c) Que se encuentre circunscripto a una única materia, temática y/o situación específica. No se admitirán Decretos de Necesidad y Urgencia que versen acerca de una multiplicidad de temáticas.

El proyecto apunta a que los decretos de necesidad y urgencia tengan como finalidad dar solución a cuestiones imprescindibles, que resuelvan situaciones de emergencia, por un tiempo determinado.