El reconocimiento de la SAdEM a la trayectoria de 10 escritores misioneros disparó la renuncia de algunos, en disconformidad  por el destinado a uno de ellos, que figura como personal civil de inteligencia durante la dictadura cívico militar. Por Silvia Torres

 

Nadie puede negar que Marcelo Moreyra sea un escritor de trayectoria en la provincia, como que tampoco se puede negar que figura, con su nombre completo: Marcelo Ramón Santo Moreyra, DNI: 12.826.983, en el listado del Fondo Documental del Archivo Nacional de la Memoria, donde se declara, además, que tuvo el desempeño de personal civil de inteligencia, durante la dictadura cívico militar.

 

En la jerga jurídica vinculada a los Derechos Humanos, se denomina a estos civiles como PCI, por las iniciales del rol que desempeñaron al servicio del batallón 601, la mayor usina de inteligencia civil durante la dictadura y cuya macabra historia se puede consultar en El Batallón de Inteligencia 601, informe elaborado por el Sistema Argentino de Información Jurídica y publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en noviembre de 2015 (http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Batallon_inteligencia_601.pdf).

 

Según la mencionada publicación, los PCI “fueron un engranaje fundamental en los operativos llevados a cabo por las unidades de inteligencia”, porque eran las personas que desde sus lugares de ciudadanos comunes –en este caso, un joven ¿e inofensivo? escritor-, se ocupaban de participar como tales de la vida social, cultural, etc. de sus lugares, observar y denunciar toda opinión, movimiento y/o actitudes de las personas que les resultaran sospechosos, conforme la ideología y la política que aplicaba la dictadura, como dueña y señora de la vida –o la muerte-, la libertad –o la prisión,  la tortura, las violaciones y todo tipo de aberraciones-, de los argentinos.

 

De ese sistema, calificado como terrorismo de estado que cometió delitos de lesa humanidad, Marcelo Moreyra formó parte como PCI y, en ningún lado consta que haya cometido alguno de los delitos que eran habituales en esa negra noche de la historia argentina, pero sí es una demostración de que, por lo menos, tuvo una actitud colaboracionista con la dictadura y que, por lo tanto, sorprende que aun siendo un escritor notable, merezca ser reconocido por la Sociedad Argentina de Escritores, filial Misiones y por la Legislatura, dos organismos que fueron víctimas por la cantidad de escritores desaparecidos, asesinados y/o exiliados por la dictadura y por ser el Poder Legislativo, el más representativo del poder popular, borrado de la vida política, también con muchas víctimas entre sus filas.

 

Es por ello que el reconocimiento a Moreyra no es inocente, ni está despojado de connotaciones políticas-ideológicas, como no lo están las premiaciones y reconocimientos que se hacen en cualquier especialidad y en cualquier lugar del mundo. Nada de estos hechos y eventos son inocentes ni están despojados de ideología, porque la escritura, el arte, la cultura, son hechos eminentemente políticos e ideológicos y una prueba contundente de ello es que en toda dictadura, los primeros perseguidos son los intelectuales, los trabajadores y los políticos comprometidos con el interés popular.

 

Si la SAdEM olvidó o simplemente no tuvo en cuenta estos aspectos para hacer un “reconocimiento” a uno de sus asociados con lamentables antecedentes antidemocráticos, por lo menos debe saber, no puede ignorar que esa decisión es profundamente política e ideológica.