La Argentina se ha convertido en una devaluada república en virtud del deterioro de la calidad de vida de la población, la pérdida de derechos, la manipulación de las normas que rigen a la república y a la democracia y el despliegue de las fuerzas de seguridad con la inconfesada intención de tenerlas listas para la represión de la protesta social. Por Silvia Torres

 

Con la entronización de la alianza macrista-radical en el manejo del gobierno nacional el deterioro de la República se sucede con una continuidad escandalosa y lamentable: Desde la violación sistemática de las normas democráticas y republicanas, seguida del despliegue de fuerzas de represión, ahora no solo por la incorporación de gendarmes y prefectos, sino también con unidades militares, mediante la derogación del decreto firmado por Néstor Kirchner, que impedía la intervención de éstas en la seguridad interna, conforme las leyes de Defensa y de Seguridad Interior.

La compra de armamento, en tanto se profundizaba el proceso de endeudamiento externo, alcanzó montos realmente escandalosos en la repetición de un negocio espurio como pocos, sobre todo por las comisiones que se reparten entre los intervinientes, imitando costumbres propias de los dictadorzuelos que asolaron el continente, formas de gobierno que hoy por hoy se han relegado a los países más atrasados y primitivos del mundo, pero que, sin embargo, volvió a imperar en una Argentina que no hace mucho tiempo atrás se vanaglorió de batir récords de incorporación de sectores populares a la clase media, del ascenso en la matrícula educativa de todos los niveles, de haber logrado con éxito colocar dos satélites en el espacio y de alcanzar otros logros científico-técnicos, que la posicionaban como un país de avanzada. El macrismo-radicalismo volvió varias páginas atrás el libro de la historia y repitió operatorias de adquisición de armamentos en simultáneo con el empobrecimiento de la población, en una maniobra preparatoria para la represión de la protesta disparada por el deterioro social.

La provincia de Misiones, al mismo tiempo de que se le reducen los recursos nacionales que le corresponden, al igual que a todas las otras como parte del ajuste que hambrea a los argentinos, recibirá contingentes en una operación de militarización de la frontera con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, sin que a nadie escandalicen las nefastas experiencias que estas decisiones han provocado recientemente en otros países de América, como México, Colombia, Perú y Brasil, en donde la violencia y la corrupción se extendió y perforó a las fuerzas armadas en un proceso dramático y de difícil reversión.

Nadie puede dudar, aunque por todos los medios –incluidos los de (des) información hegemónicos- se trata de disimular, que tal despligue –también notable en la ciudad de Rosario, un conglomerado urbano al límite del estallido social, con casi 14 % de desocupación y una pobreza que perforó 35 %-, de la verdadera intencionalidad de este desparramo de fuerzas militarizadas fuertemente armadas a lo largo y a lo ancho del país: preparar el terreno para la represión que sí o sí dispara la situación social de la Argentina, teniendo un gobierno oligárquico como el actual, dispuesto a todo con tal de mantener sus privilegios de clase.

La sucesión de despidos que multiplican el número de desocupados, dramáticos en el Estado, en donde miles de trabajadores son reemplazados por un impresionante aparato burocrático, que cuesta una fortuna mayor a las arcas nacionales; el despojo de derechos salariales para jubilados, pensionados, discapacitados, etc. y la inminente destrucción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema; el ajuste que pulveriza las inversiones en obra pública, en salud y en educación; la desaparición de beneficios como el monotributo social, los fondos especiales para la producción regional, para la vivienda social o para los docentes dan cuenta de que lo único que importa al macrismo-radicalismo es la concentración de la renta y, para lograrlo, no dudan en manipular las normas que rigen la vida política, en el marco de la Constitución y las leyes.

El gobierno profundiza los instrumentos para la represión, al mismo tiempo que también aprueba los aumentos destinados a la publicidad concentrada en los grandes medios amigos, que, además, son los hegemónicos, pero, no obstante el fabuloso blindaje mediático, se conocieron las escandalosas maniobras fraudulentas con la lista de afiliados y de aportantes a sus campañas de 2015 y 2017.

La República y la Democracia no solo fueron mancilladas por un discurso mentiroso, manipulador y cínico de campaña que sigue siendo sostenido por MM en sus apariciones públicas, sino que tampoco tuvieron empacho en usurpar datos personales y voluntades de ciudadanos, para justificar los dineros ilegales que usaron para la propaganda electoral.