El defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, integrante de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), sostuvo que desde la entidad que los nuclea plantearon la inconstitucionalidad del decreto del Ejecutivo Nacional 683/2018, que reforma las Fuerzas Armadas Argentinas (FAA), y la Defensa Nacional.

 

Es que este “nuevo rol” en seguridad interna que se le otorga a las fuerzas armadas, permitiendo la intervención militar en temáticas relacionadas a la seguridad interior como la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, en los países donde ya se implementó no sólo no mejoraron los indicadores, sino que, por el contrario, vieron aumentados los niveles de violencia y conflictividad social.

“Es en ese escenario que, desde ADPRA manifestamos nuestra profunda preocupación en relación al mencionado decreto, y en el planteo de inconstitucionalidad se deja en claro que conforme se desprende de la Ley de Defensa Nacional, la función de las Fuerzas Armadas reside en la defensa de la Nación ante el ataque exterior, guerra o conflicto armado internacional, teniendo por finalidad garantizar la soberanía e independencia de la República”, explicó Penayo.

El escrito presentado por los defensores del Pueblo de la Argentina explicita que “la Ley 24.059 entiende que la Seguridad Interior, debe propender a que el Estado Nacional garantice la plena vigencia de los derechos a la vida, a la libertad, y al patrimonio de los ciudadanos. A tal efecto, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de los Estados Provinciales adherentes a la mentada norma, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, serán los órganos que propenderán a tales fines. Así pues, en este marco, desarrollarán los medios necesarios para el control y vigilancia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos”.

“Consecuentemente, en virtud de los principios emanados de nuestra Constitución Nacional, los principios Republicanos de Gobierno, y nuestra historia reciente, resulta inadmisible que una modificación de los mencionados principios y competencias se determine por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, toda vez, que por la materia resulta ser competencia exclusiva del Congreso de la Nación”, concluye la presentación de ADPRA, que en septiembre tendrá su Segundo Plenario Nacional en Posadas.