En medio de las dolorosas heridas que afectan la piel social con el aumento de la pobreza, la desocupación, los tarifazos, la violencia estatal, ahora con sospechoso atentado incluido, se suma la cacería judicial que hiere la realidad de los argentinos. Por Silvia Torres

 

Como todo gobierno oligárquico, la alianza macrista-radical afina sus estrategias antipopulares, no solo aplicando medidas que empobrecen a vastos sectores sociales que son despojados de la porción de la torta en beneficio de un pequeño sector cada vez más rico, sino también con una sucesión de hechos que abren heridas en la convivencia social, como son la represión, los hechos de corrupción electoral del oficialismo, la incompatibilidad de cientos de funcionarios que atienden en ambos lados del mostrador, el encarcelamiento de ciudadanos en un proceso incipiente y sobre la base de pruebas muy endebles, hasta el atentado ocurrido en un cine de la CABA, donde se estrenaba el documental El Camino de Santiago.

La orden de detención afecta a un ciudadano misionero, ex titular de la Entidad Binacional Yacyretá, EBY, Oscar Thomas, responsable de la finalización de las obras que durante años estuvieron paralizadas, a pesar de que el dinero fluía durante todas las gestiones anteriores. Los responsables de la finalización fueron los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, el paraguayo Fernando Lugo, el ex ministro Julio de Vido, el ex gobernador y actual titular del Poder Legislativo, Carlos Rovira y el mencionado Thomas, quienes tomaron la decisión, destinaron y le dieron el destino pertinente a los recursos económicos para ejecutar las obras, que permitieron llevar la represa a su cota máxima, lo que obligaba a la realización de decenas de obras complementarias que fueron concluidas, en ambos márgenes del gigantesco lago sobre el río Paraná: Viviendas, escuelas, polideportivos, calles y veredas pavimentadas, gigantescos puentes y otros menores, entubamiento de arroyos, adecuación de kilómetros de rutas y caminos vecinales, además de las bellas costaneras concebidas como paseos en gran parte de su extensión, con plazas, parques, playas, clubes náuticos, etcétera.

Vale la pena tener en cuenta que Yacyretá comenzó su construcción en 1983, a pesar de que en 1973 se firmaron los contratos para dar inicio, pero ningún gobierno de los que se sucedieron hasta el mandato de los K finalizó las obras, a pesar de que los presupuestos incluían las partidas para ello. Sin embargo, ninguno de los gobernantes y funcionarios, muchos de los cuales están aún vigentes, jamás fueron molestados por el poder judicial para pedir aclaraciones sobre los destinos de los dineros: ni los alfonsinistas, ni el ex presidente Menem –quien llegó a calificar a Yacyretá como “un monumento a la corrupción”-, ni los gobernadores Barrios Arrechea y Ramón Puerta, o el actual senador macrista Humberto Schiavoni –ministro de Hacienda puertista-, ni ninguno de los directores que se sucedieron al frente de la EBY.

No es una novedad en la historia argentina que los sospechosos e investigados siempre sean los que hacen y se premia, hasta con nombres en el espacio público, a quienes endeudan y desaparecen los presupuestos en los pliegos de la anomia judicial. Ocurrió hasta con el propio José de San Martín, quien debió exiliarse de por vida frente al poder del endeudador Rivadavia, solo por dar un ejemplo por demás paradigmático.

Tampoco es una novedad que toda vez que los oligarcas se ven en apuros gobernando utilizan recursos desesperados y al precio que sea. Ocurrió con Malvinas. Y, en medio de una realidad donde se tensa la calidad de vida de millones de argentinos, cuando estalla un escándalo que abona la teoría del fraude electoral con aportantes y afiliados truchos del oficialismo, cuando se denuncia que 260 funcionarios nacionales son simultáneamente gerentes y accionistas de más de ochocientas empresas nacionales y offshore, cuando se reprime una marcha multitudinaria que pide justicia por una muerte absurda que compromete a las fuerzas de seguridad, cuando se atenta contra el lugar donde se estrena un documental con esa temática, cuando se alerta sobre un atentado en el único canal que trasmitía el evento, cuando estalla una instalación de gas en una escuela y provoca dos muertes, indicando el estado de abandono edilicio que denuncian maestros y sus gremios, no extraña para nada que funcionarios judiciales lacayos –Bonadío, uno de los jueces de la “servilleta” del menemismo y Stornelli han demostrado serlo, en infinitas oportunidades-, salgan a perseguir, una vez más, a quienes les permitan abonar un relato que deposite en quienes hicieron mucho por la Patria y su pueblo, la responsabilidad de la corrupción y no en quienes endeudan, fugan, lavan y se enriquecen con feroz voracidad, a costa del hambre de millones.

Nadie sabe, ni siquiera el juez y el fiscal, que los detenidos hayan cometido hechos de corrupción y hasta puede ocurrir que se demuestre que no fueron corruptos, como ocurrió con San Martín, para seguir con el ejemplo. Por eso, es posible afirmar que esta no es nada más que una nueva afrenta, una nueva herida en la castigada piel de la sociedad argentina.