A 32 meses de asumido el gobierno de la alianza macrista-radical se consolidan los efectos devastadores del modelo neoliberal, a los que hay que añadir ahora la decisión del Senado de la Nación de derribar la media sanción de la ley IVE, consolidar el aborto clandestino y el consiguiente negocio ilegal. Por Silvia Torres

 

Mientras se propagan los efectos devastadores de las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno de la alianza macrista-radical, que impactan negativamente sobre crecientes sectores sociales que ven caer sus posibilidades de acceder a los bienes de consumo imprescindibles para una vida digna, la actividad económica general está jaqueada por los tarifazos, el descenso del consumo, las altas tasas de interés y la desaparición de incentivos para la actividad económica general.

El Indec dio a conocer un descenso de más de 8 % en la actividad industrial en junio, en tanto que 5,8 % es la caída de las ventas mayoristas en julio, 48 % de los niños son pobres, 60 % de los cuales recurre a comedores comunitarios y escolares, en donde las demandas son crecientes e incluye, cada día más, al grupo familiar y a mayores. En la misma línea de la esquilmación, se determinó que en julio del año próximo el salario mínimo vital y móvil alcanzaría poco más de 12 mil pesos, en tanto que, a partir de septiembre, se aplicará un 6,68 % más a los ingresos de la seguridad social. Así, la jubilación mínima pasaría de 8.096, 30 pesos a 8,637, 10; la AUH, que cubre a 4 millones y medio de menores, de $ 1.578 a $ 1.683. Con una inflación que se calcula en 35 % anual, los aumentos de 5,71 % (marzo), 5,69 % (junio) y 6,68 % en septiembre, implica por ahora una pérdida de 8 % del poder adquisitivo.

En este marco de saqueo a los sectores populares, la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue derribada en Senadores y no puede desprenderse del modelo socio económico llevado adelante por el gobierno nacional, en connivencia con sectores de la oposición y que se evidencia con los argumentos expuestos por quienes así lo decidieron.

El primer dato llamativo fue el pedido de Gabriela Micchetti, la estrambótica presidenta del Cámara Alta, recomendando la finalización de la sesión a las 22, por expreso pedido de la policía y con la finalidad de mantener el orden, entre las miles de personas reunidas en el exterior del Congreso. Los argumentos para votar en contra se centraron en una opción maliciosamente errada: aborto sí o aborto no, como si la ley propusiera que a partir de su no sanción sería posible hacer desaparecer los abortos clandestinos, que justamente estos días se cobraron una nueva víctima -la joven de 22 años Liliana Herrera, madre de dos niñas-, en Santiago del Estero –sus tres senadores votaron en contra-, y otra estaba en terapia intensiva en Mendoza. Eran la contracara de la burda consigna de los opositores, una realidad que sin embargo no logró inmutarlos: ¿Salvemos las dos vidas o ninguna de las dos vidas?

Otros argumentos objetaron la constitucionalidad de la ley, haciendo oídos sordos de las contundentes exposiciones de dos especialistas de fuste, Aída Kemelmajer de Carlucci y Daniel Sabsay. Los senadores que trajeron a colación este argumento tienen mucha semejanza con quienes históricamente se opusieron a los procesos de empoderamiento de la sociedad y ocurrió, por ejemplo, cuando se crearon los Tribunales del Trabajo, cuando se legisló sobre la igualdad de los hijos a los efectos hereditarios, cuando se incorporó el artículo 14 bis o en todas las leyes que otorgaban derechos a minorías sociales, solo por citar algunos ejemplos.

También hubo razones cuestionando la gratuidad de la intervención -argumento muy meneado por el propio Macri y funcionarios del oficialismo no solo en esta materia, pero en este caso emitido por un opositor-, derribando el principio republicano de que el Estado tiene la obligación de prestar servicios educativos y de salud gratuitos, en tanto que no faltó el senador que se enredó en la idea de que la “violación puede ser un acto no voluntario… y sin violencia”, para dar una idea lo más acabada posible de la ideología que rige la concepción política de los representantes del pueblo.

Es oportuno destacar, además, que la mayoría de los votos en contra provino de legisladores hombres mayores de 50 años, en tanto que las mujeres que votaron en la misma dirección, solo una era menor de esa edad.

Todos estuvieron de acuerdo con impedir la legalidad del aborto, intervención que continuará en los oscuros vericuetos de la clandestinidad, repitiéndose la historia milenaria de que las mujeres con poder adquisitivo podrán afrontar los fabulosos costos que clínicas, sanatorios y médicos aborteros aplican por su trabajo, aprovechando la volada de lo prohibido, no facturando ni aportando impuesto alguno, igualando la actividad al narcotráfico. Las otras, las pobres, recurrirán como hasta ahora a gente más o menos idónea, que podrá o no prestar el servicio en condiciones salubres y, de no ser así, las mujeres de esta condición serán las nuevas víctimas, las que morirán y se cocinarán en el fuego del infierno. Como dijo un joven en la manifestación: “Inquisición al palo, en la mentalidad de los integrantes del vetusto Senado”.

Sin dudas, esta decisión de la mayoría del Senado es un nuevo aporte para consolidar el modelo de exclusión, que es el único posible en el marco del neoliberalismo, cuando la oligarquía se regodea en toda su inhumana dimensión y que, para alcanzar sus objetivos, cuenta con propios y con quienes son inconfesadamente propios.