Hay que achicar, hay que reducir la distribución de los recursos y los recursos mismos, son las consignas prioritarias del gobierno de la alianza macrista-radical y no hay presupuesto aprobado, ni proyección de inflación, ni pacto fiscal que se respete, ante las debilidades del proyecto económico político y las exigencias del FMI. Por Silvia Torres

 

El achique de la economía que castiga al sector privado, excepto al agro, los bancos y las mineras, y reduce las capacidades económicas del Estado por aplicación de un modelo que dilapida y saquea, acosa con desolador impacto a las economía provinciales y, con la eliminación del Fondo Federal Solidario (fondo de la soja), que llegaba directamente a los municipios diaria y directamente, se destruye un financiamiento democrático y de hondo carácter federal, imprescindible para la mayoría de ellos.

Dentro de los discursos que el gobierno de la alianza macrista-radical pone de moda, a través de su gigantesca red de medios, se encuentra el que aduce que la obra pública que se despliega en el país tiene un costo 20/30 % menor, que el de la gestión anterior. Lo cual, de ser verdad, sería de gran impacto en la economía del país y de los distintos distritos, pero no se condice con el guadañazo de 50 % en su ejecución. Y cabe la pregunta, ¿por qué si su costo se redujo en los porcentajes mencionados, se debió achicar la cantidad de obra pública que se ejecuta, con su consecuente impacto negativo sobre la mano de obra?

En Misiones, no hay obra pública nueva y mucho de la iniciada en la gestión K se está terminando con recursos propios, como la finalización de edificios escolares, hospitalarios y viviendas. Según las autoridades del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IProDHa), en lo que va del año no se recibieron los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FoNaVi), para finalizar las viviendas de Itaembé Guazú, por ejemplo, 1500 de las cuales se están concluyendo con recursos del recupero de cuotas y estarán listas para su entrega a finales de este año y comienzos del siguiente. Indicaron que, de un promedio de siete mil viviendas que se construían con el gobierno anterior, ahora solo es posible hacerlo con recursos de la provincia, en mucha menor cantidad, obviamente.

El achique abarca también otras áreas de alto contenido social como la reducción del programa de médicos comunitarios, cuyos sueldos no se actualizan desde hace dos años; la escasez de vacunas obligatorias, su irregular provisión y hasta la eliminación de algunas; la caída en el alta de pensiones por discapacidad que sufrieron un proceso de reducción impresionante: en 2015, se incorporaban un promedio de 3.000 nuevos beneficiarios, en 2016, se incorporaron 1.600, en el 20017, 400 y en el corriente año, ¡apenas 15!

También se afectan las exportaciones por la reducción de los reintegros a niveles realmente descabellados en una economía que, contrariamente, necesitaría de incentivos para crecer y dar respuestas a las demandas de trabajo. Para Misiones, implica una pérdida de 8 millones de dólares anuales, que afectará a los productos paradigmáticos de la provincia, como son las exportaciones de pasta celulósica, de maderas, cítricos, té y yerba mate.

Lo sorprendente es el acompañamiento a estas medidas por parte de legisladores misioneros de Cambiemos, quienes intentan cambiar el eje del debate parlamentario con el sainete de las fotocopias en manos de Bonadío/Stornelli, mientras los legisladores nacionales del oficialismo provincial procuran forzar, junto a sus pares en el Congreso Nacional, las compensaciones por la pérdida del FFS.

Con todas las letras, el diputado provincial de Cambiemos, Roberto Rocholl, consideró acertado que la Nación recorte los aportes para Misiones destinados a educación y el agro porque, según su criterio, esos aportes no le corresponden a la provincia, que debiera hacerse cargo de esos gastos. Lo que infelizmente no dijo el legislador es porqué la Nación recauda la mayor cantidad de impuestos y no debe cumplir con su obligación constitucional: sostener, entre otros, los servicios de educación y salud y fomentar el desarrollo económico del país.

Los misioneros deben tener muy en cuenta, al momento de depositar su voto, estas posiciones de los hombres y mujeres que acceden a los puestos de gobierno y legislativos con un discurso progresista y, luego, terminan justificando y defendiendo las políticas propias del centralismo porteño.