La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley que busca actualizar la regulación de vacunas, actualmente prevista en la ley 22.909. 

La iniciativa ahora deberá ser tratada por la Comisión de Legislación General y Presupuesto y Hacienda. El texto de autoría del diputado Pablo Yedlin (Justicialista por Tucumán) argumenta que una nueva ley de vacunas “es de suma importancia, ya que le otorgaría un marco legal adecuado dentro de la realidad sanitaria que hoy vivimos”.

“No es un tema menor, atento a los vertiginosos cambios que han ocurrido en las últimas décadas, sobre todo respecto del reconocimiento que tiene para la sociedad la importancia de estar vacunado”, dice la iniciativa de expediente 0972-D-2018.

Antes de pasar a la firma el proyecto, los diputados escucharon la opinión de especialistas en la temática. En primer término, con una postura en contra de la iniciativa, la médica Alejandra Chiappano se mostró “preocupada por los niños dañados a causa de la vacunación” y dijo que “están inyectando mercurio y aluminio en nuestro sistema nervioso central”.

Como defensora del proyecto, expuso la doctora Mirta Roses, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). “Es un momento histórico tener una ley actualizada para tener mejor protección no sólo a los niños, sino a toda la familia”, dijo Roses, quien celebró que el proyecto “también recoge los desafíos de las vacunas”.

“La vacunación es uno de los instrumentos de equidad más grandes que puede generar el Estado. Y es un acto de amor y solidaridad universal”, concluyó.

Durante la reunión, también se discutió la decisión del Poder Ejecutivo de fusionar el ministerio de Salud con el de Desarrollo Social. Diputados de la oposición adelantaron que presentarán un proyecto de declaración, a fin de solicitarle al Ejecutivo que revea su postura.

El texto, leído por Daniel Arroyo y Cecilia Moreau (FUNA) y acompañado por los diputados del FpV-PJ, ratifica la “imperiosa necesidad de contar con el ministerio de Salud”, ya que la condición de secretaría le “quita autonomía funcional y presupuestaria” y provoca la “reducción de confección de políticas públicas”.