El defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, sostuvo que junto a sus pares de San Vicente, Ceferino Benítez, y de Oberá, Patricia Nittmann, avanzarán en la elaboración de un proyecto de Ley que permita controlar de manera fehaciente el cumplimiento del precio de garantía del té, atendiendo así los reclamos del sector primario.

 

“Para trabajar en esta iniciativa vamos a convocar a todos los sectores, tanto productivos como del Gobierno Provincial y legisladores misioneros, de manera tal de establecer una norma que además de generar las herramientas o mecanismos necesarios, también sea factible de implementar”, explicó Penayo.

Esto surgió como conclusión del encuentro llevado adelante en la sede de la Defensoría del Pueblo de Oberá, con la presencia del ministro del Agro y la Producción de Misiones, José Luis Garay, y los referentes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, Carlos Zuberbuhler y Kligbeil Cristian, entre otros.

En consenso, junto con la APAM y el Ministerio del Agro, se tomó el compromiso por parte de los representantes de las tres Defensorías del Pueblo, de generar los espacios de diálogo y consulta, para acordar el mencionado proyecto de Ley.

Durante el encuentro, los referentes del sector productivo describieron la difícil situación que afrontar los productores, “dado que la gran mayoría de las empresas no cumplen con el precio de $3,15 por kilo de té verde, más 30 centavos si el mismo cumple con normas de certificación”.

Estos valores habían sido acordados el 17 de agosto pasado, por lo que desde APAM insistieron en que “además de que no se está pagando el precio que determinó la Comisión Provincial del Té (COPROTE), esos valores ya quedaron obsoletos frente al precio de la nafta y los insumos, que se encarecieron de sobremanera a partir del incremento del dólar”.

“Sin embargo, los empresarios que exportan, estamos hablando de unos 80 millones de kilos de té por año, perciben un dólar alto, sin embargo no sólo no cumplen con el precio fijado, sino que además dentro de sus instalaciones les proveen de agrotóxicos a los productores, y luego se los descuentan al valor que ellos mismos marcan”, recalcaron los dirigentes de APAM.

Por su parte, Garay indicó que “resulta imposible tener puestos de control permanente en las balanzas para saber si las empresas pagan o no el precio pactado”, y señaló que no se cuenta con “la estructura humana necesaria ni los medios, para un control exhaustivo”.

Finalmente, Penayo recalcó que “es necesario trabajar en conjunto y de manera articulada, para brindar las herramientas necesarias de contralor, porque sino siempre termina perdiendo el colono, con las graves consecuencias que ello significa para la agricultura misionera”.