El reglamento Macri-Bullrrich para combatir la inseguridad es una nueva nube de humo para desviar los debates sobre los problemas acuciantes que aquejan a los argentinos. De ser aplicado, facilitaría la represión de la protesta social y gigantescas inversiones en compra de armas. Antecedentes, desde la guerra civil del Siglo XIX. Por Silvia Torres

 

 

Muchos historiadores remontan el origen del terrorismo de Estado al genocidio llevado a cabo por la dupla Mitre – Sarmiento (la civilización), que reprimió a las huestes federales (la barbarie) hasta el exterminio, para imponer el libre mercado y un sistema unitario en el manejo de las arcas públicas. Por si fuera poca la coincidencia, Domingo Faustino Sarmiento, -erigido en insólito “padre de la educación pública”-, también fue el iniciador de uno de los hábitos predilectos de la oligarquía en el poder, tanto en su funciones como director de Guerra como Presidente de la Nación: la compra de armas para la represión, cuando adquirió los primeros fusiles Enfield, los Remington y los novedosos “cañones revólveresKrupp. “Para impresionar a los espías jordanistas en Rosario, el ‘padre del aula’ ordenó una ilustrativa demostración (de las armas) contra las paredes en construcción del futuro Colegio Nacional de la ciudad”*.

Fue el principio de una larga saga de crímenes de lesa humanidad: entre las que se cuenta la mal llamada Campaña al Desierto, ordenada por Julio Argentino Roca, que exterminó a los pueblos originarios del sur y sometió a servidumbre y esclavitud a los adultos y niños sobrevivientes; los fusilamientos de unos 3.000 obreros rurales en la Patagonia (ver Bayer, Osvaldo, La Patagonia rebelde y película homónima) , ordenadas por Hipólito Irigoyen; la ley de Residencia (1902) destinada a expulsar a todo “extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”, sin juicio previo, conocida también como ley Cané, en virtud de que el autor de Juvenilia fue el ideólogo de la misma. En los primeros 40 años del siglo pasado, se aplicó con frecuencia excesiva el estado de sitio como método represivo y de suspensión de los derechos civiles de los ciudadanos, que protegió, por ejemplo, los festejos del Centenario (1910). En ese lapso, la Década Infame estuvo marcada por gigantescas razzias policiales contra barrios populares, prisión y tortura a líderes sindicales y el fraude en las elecciones, para garantizar el triunfo de los poderes fácticos.

En la segunda mitad, para derrocar al populismo peronistas, la oligarquía tenía como principal instrumento a sectores de las FFAA, que se ocuparon de bombardear la Plaza de Mayo, en día laborable y en horas del mediodía, provocando gran número de muertos y heridos y, luego, destruir/saquear/abandonar gran parte de la obra social, construida durante los diez años anteriores a septiembre de 1955, cuando concretaron el golpe que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. A partir de entonces, el país se hundió en una creciente violencia y represión, con sucesivos golpes de Estado que impusieron legislación represiva; destrucción de derechos y conquistas sociales; desocupación y empobrecimiento; extinción del aparato productivo industrial, científico y tecnológico; persecución a sectores populares, organizados o no, con prisión y hasta fusilamientos ilegales, situación que disparó la organización de formaciones armadas civiles, para contrarrestar el estado de sucesiva violación de las normas democráticas y republicanas, proceso que culminó con el genocidio pergeñado por la última dictadura militar, que se extendió de 1976 a 1983.

Desde la recuperación de la democracia, la mayoría de los gobiernos utilizaron sistemas represivos para acallar la protesta popular, sometida a diferentes niveles de despojo. Con el gobierno de la alianza macrista-radical asumido en el 2015, vuelven a incentivarse los métodos de represión más violentos, que culminan con este reglamento pergeñado por dos tenebrosos representantes de los poderes fácticos: Mauricio Macri, un hombre involucrado en decenas de negociados delictivos destinados a concentrar la riqueza en pocas manos –incluidas las propias-, y Patricia Bullrrich Pueyrredón, una mujer que, en su madurez, definió su inclinación política hacia la defensa de los intereses de su clase, la oligarquía y que, como funcionaria delaruista, fue responsable de aplicar descuentos a los salarios de jubilados y trabajadores estatales; de entregar Aerolíneas Argentinas al grupo Marzans -cuyo titular está preso por defraudación agravada, en España- y, como actual responsable de Seguridad, se ocupó de los fabulosos gastos en armas y diverso material para las fuerzas, mucho de escasa practicidad por lo costoso del mantenimiento, pero que constituyen negocios que dejan interesantes comisiones para los intervinientes.

En este marco, la Bullrrich pergeñó un reglamento para las fuerzas federales con la finalidad de “combatir el delito”, con métodos violatorios de todas las normas legales, que bien podría considerarse un Plan Cóndor II. Por ello, es muy importante la reacción en contra de las provincias, expresada a través de sus gobernadores y/o sus responsables de DDHH, como el caso de Misiones.

Hay antecedentes históricos, lamentablemente numerosos tanto como desconocidos por la mayoría de la ciudadanía, que explican estas soluciones violentas, antidemocráticas y violatorias de los DDHH a los que recurre la oligarquía, toda vez que se ocupa de agarrar la sartén por el mango de la cosa pública.

*Camogli, Pablo, Batallas entre hermanos – Todos los combates de las guerras civiles argentinas, Aguilar, 2009, pág. 256.