Aunque 16 eran los gobernadores que habían resuelto ir a la Corte Suprema de Justicia a reclamar por la inconstitucionalidad del decreto del presidente Mauricio Macri que establece la rebaja de impuestos (IVA y Ganancias, entre otros) e impacto en la coparticipación, fueron finalmente 12 los que decidieron judicializar la pulseada. Los cuatro mandatarios restantes evalúan hacerlo en las próximas horas porque recibieron llamadas desde la Casa Rosada, según publica este lunes en su página digital el matutino porteño La Nación.

 

Las provincias pidieron una cautelar “urgente” para que, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, no se retraigan los recursos de los fondos coparticipables.

 

Las presentaciones ante la Corte -que fueron individuales- las realizaron Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y San Juan. Tienen lista la medida, pero esperan Misiones, Chaco, Neuquén y Río Negro; sus ministros de Economía recibieron llamadas de Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias del Ministerio del Interior, según coincidieron distintas fuentes consultadas.

 

Federico Nazur, fiscal de Estado de Tucumán, confirmó a La Nación que las presentaciones de cada provincia apuntan a que el decreto es “inconstitucional” porque la competencia para legislar sobre impuestos la tiene el Congreso de la Nación. “No corresponde hacerlo por decreto”, explicitó.

 

Los gobernadores de la oposición tomaron la semana pasada la decisión de acudir a la vía judicial si desde la Casa Rosada no los convocaban para buscar una “compensación” para el recorte que significará en la coparticipación la baja de impuestos.

 

Calculan que la medida les costará a todas las provincias casi $35.000 millones hasta fin de año; en los distritos más grandes el peso es mayor, pero en los que más dependen de la coparticipación el impacto relativo es más significativo. Córdoba, con Juan Schiaretti, es uno de los distritos de peso que por ahora sigue analizando el camino a seguir.

 

Además, de esta presentación Tucumán realizó otra por la inconstitucionalidad del DNU que suspendió desde el año pasado el Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero); se sumó a

otras seis provincias que ya lo habían hecho.

 

“Intentamos agotar todas las instancias de diálogo, pero como no hubo avances, no quedó otro camino”, dijo Nazur.