El  flamante proyecto de ley aprobado esta mañana en Diputados, tiene una característica esencial: la solidaridad, como recurso imprescindible para salir del pozo de inequidad con que cerró la gestión macrista-radical. Por Silvia Torres

Con salarios básicos, jubilaciones, pensiones y AUH por debajo de cualquier requerimiento básico para la vida de las familias argentinas, el flamante gobierno de Alberto Fernández logró la media sanción de la ley para afrontar emergencias varias, con los diputados del FdeT, aliados federales y lavañistas y la oposición de legisladores macristas-radicales, a pesar de los índices que dan cuenta del desastre económico, social e institucional que dejaron y que podría sintetizarse en la imagen de tierra arrasada.

Uno de los factores más desequilibrantes de la situación es que todas las políticas desplegadas por la gestión anterior tenían como único objetivo la concentración de la riqueza -con deuda externa e interna incluida-, lo cual provocó gigantescas cifras de fuga e inequitativa distribución: el 10 % más pobre de la población recibió 1,3 % de los ingresos y el 10 % más rico se llevó 33,2 %, en el tercer trimestre, así como también que casi 80 % de la población ocupada tenía en septiembre ingresos individuales por debajo del costo de la canasta para una familia tipo, de casi 35 mil pesos, que dan cuenta de que la distribución desmejoró casi 6 % interanual, abultada por la pérdida de mil millones de pesos anuales perdidos por los jubilados, a partir de la fórmula implementada por el macrismo-radicalismo.

A estos datos se deben sumar los que se refieren al aumento de la canasta alimentaria, que propició la gestión macrista-radical, con subas de 5,5 % en productos nacionales, de 4,2 % en importados y que llevó al indicador interanual a 54,8 %, que empeoró el nivel del ingreso mencionado arriba. Así, el Coeficiente de Gini,  (mide mayor desigualdad cuanto más se aleja de la base cero), se deterioró en los últimos doce meses al pasar del 0,424 del tercer trimestre del año anterior a un 0,449, en la última medición.

La caída espectacular en el poder adquisitivo de la población sumado a la apertura indiscriminada de las importaciones, fueron los factores determinantes de la caída en picada de la actividad económica, en todas sus manifestaciones y el consecuente aumento de la desocupación. Ergo, la pobreza, la indigencia, el hambre, la enfermedad, etc. fueron las consecuencias lógicas para millones de argentinos.

Abundar en más datos del descalabro excedería los límites de esta opinión (falta de medicamentos y de insumos hospitalarios, fallecimientos evitables, proliferación de comedores populares, reaparición de enfermedades erradicadas, carencia de servicios básicos por imposibilidad de pago de tarifas exorbitantes, etc. etc. etc.), por lo que pensar en la necesidad imperiosa de contar con instrumentos legales adecuados  para afrontar el desastre, cae de maduro.

Es lo que hizo el Presidente al poner a consideración del Parlamento la ley de Solidaridad Social, mantuvo reuniones con varios sectores oficiales y privados, como con los gobernadores de todas las provincias, con quienes acordó líneas de acción conjunta, una de las cuales es de sustancial importancia: la eliminación del pacto fiscal incumplido por el macrismo.

La ley –aprobada en Diputados por 134 a favor, 111 en contra- que será aprobada en Senadores sin mayores dificultades por el contundente bloque del FdeT, crea instrumentos para que el PE tome medidas rápidas, destinadas a atender las dramáticas situaciones  económica/financieras/sociales que lesionan la piel social.

A su vez, el flamante gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, estuvo reunido con el Presidente con quien acordó un “acompañamiento mutuo”, así como también se coincidió en intereses comunes Nación-Provincia, como la economía, las urgencias sociales, las adecuaciones de las situaciones fiscales y financieras y las obras públicas que necesita la provincia, básicas para su desarrollo y como herramienta imprescindible para la generación de empleo.

Ante la acuciante situación generalizada, los únicos recursos políticos imprescindibles y largamente repetidos en la historia del país, toda vez que se buscó superar la injusta distribución de la riqueza, fueron las medidas fundadas en la solidaridad: exigir aportes a los sectores que más tienen, para socorrer y arrancar de la postración a los sectores pobres. Es lo que le toca, una vez más, al peronismo en el gobierno, por tanto, está totalmente fuera de lugar el asombro aparatoso en tal sentido, por parte de la oposición.