Comenzó el pago de cinco mil pesos para jubilados que cobran la mínima y dos mil pesos, para menores que perciben la AUH. La SCdeJ dio por tierra un juicio, a cargo de todas las instancias judiciales de Misiones, que encarceló durante 11 y 14 años a dos mujeres. Por Silvia Torres

Con la finalidad de salir de la recesión sin emitir dinero, el gobierno nacional comenzó a ejecutar el pago de cinco mil pesos para los jubilados que cobran la mínima y montos proporcionales para quienes perciben hasta 19.068 pesos, además de 2 mil extras para menores que perciben la AUH. Largas filas en los cajeros dan cuenta de la manifiesta necesidad del sector, que sufrió con mayor violencia los ajustes neoliberales del macri-radicalismo y que alcanza a una gran franja de la población, sumergida en la pobreza y el subconsumo, por el espectacular deterioro de sus ingresos.

El gobierno de Misiones, en tanto, anunció un bono de 5 mil pesos destinado a trabajadores activos y pasivos provinciales, en dos cuotas a mediados de enero y febrero sucesivamente, hasta tanto se definan los aumentos que se establezcan vía directa o a través de las paritarias.

Asimismo, y con la finalidad de aumentar el poder adquisitivo de la población para generar una reactivación del mercado interno, el gobierno nacional decidió congelar las tarifas durante seis meses, así como también, la eximición del pago por tres meses (enero, febrero y marzo), de las cuotas de créditos que tanto jubilados como beneficiarios de la asignación obtuvieron de la ANSeS, al tiempo que estableció la reducción de las altísimas tasas con las que se establecieron los mismos: de 48/50 % anual a 31%. Este último beneficio abarca a unos 5 millones y medios de personas.

Esencialmente, las primeras medidas tomadas por el gobierno de Todos, a través de la mega Ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva, debe complementarse con un acuerdo de todos los sectores sociales, que tendrá su culminación hoy viernes, 27 de diciembre, en una reunión cumbre en Casa Rosada, cuando se firme el Compromiso Argentino de la Solidaridad, entre organizaciones de la producción, de trabajadores y el Estado, representado por el presidente Alberto Fernández. Hay dos líneas argumentales que abonan este acuerdo: 1) Millones de argentinos sumergidos en la pobreza, que comienzan a ser atendidos con la ley antes mencionada y el Plan Argentina contra el Hambre y 2) La gigantesca deuda, con acreedores privados y el FMI.  

Son los primeros pasos de un gobierno en medio de una situación económica social desesperante, ya descripta en notas anteriores y que, derramando recursos por debajo de la pirámide social, se espera la reacción históricamente lógica: aumento del consumo, para que actúe como el disparador de la actividad económica y ésta, que empiece a demandar mano de obra.

En medio de estas auspiciosas movidas, el poder judicial de la provincia de Misiones se vio fuertemente cuestionada por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dando por tierra una sentencia ratificada por todos los niveles judiciales provinciales que afectó la libertad de dos mujeres, acusadas de un crimen aberrante, mediante una sumatoria de prejuicios medievales y absolutamente flojo de pruebas. El hecho no es aislado en el país y es materia habitual de notas periodísticas en medios nacionales, que ponen en tela de juicio el trabajo del poder judicial, por la falta de seriedad en las actuaciones de instrucción, que continúan en los niveles superiores. Esta vez, golpea a la justicia misionera.

Es un caso tremendamente doloroso, porque afecta a dos mujeres jóvenes encerradas durante 11 y 14 años, por el simple hecho de serlo y de no contar con recursos económicos que pudieran solventar equipos de defensa que, además, agiten los casos ante la opinión pública. Es decir, aflora un combo nefasto que enturbia y desprestigia a los poderes del Estado que debieran velar por la seguridad, la libertad y el acceso a la justicia de los ciudadanos, sin excepción.

Son los claroscuros de la realidad, que se alimenta de una de cal y otra de arena. En tiempos de low fare (guerra judicial) utilizada con fines políticos por el neoliberalismo en retirada, se evidencia cotidianamente el deterioro de los servicios de justicia a través de los medios de comunicación, a veces con una finalidad meramente maliciosa y para alimentar el morbo o, en otras (como en este caso), para poner a la luz una incalificable conducta del sistema judicial.

Estas situaciones deben aportar para la toma de conciencia acerca del inmenso grado de deterioro de algunas  instituciones, o de parte de ellas, además del  arduo trabajo que debe encararse, para que la claridad aflore en los oscuros recovecos de la corrupción y/o de la ineptitud de muchos o pocos funcionarios, que dañan a personas e instituciones.