Nuevas expectativas se generan ante las filtraciones que predicen el programa para la reactivación económica y el desarrollo social, conforme sea posible el control de la expansión de la pandemi y se ultimen protocolos para las actividades productivas, comerciales y de servicios. Misiones incentiva la apertura de actividades. Por Silvia Torres

A poco más de cuatro meses de instauradas las restricciones por la pandemia COVID 19, crecen las expectativas en todos los sectores sociales por el programa que elabora el gobierno nacional para reconstruir el aparato productivo del país que, según se conoce, tendrá un fuerte carácter federal, respetando las necesidades y características económicas de las distintas regiones.

Se encuentran vigentes algunas líneas de financiamiento para la obra pública, cuya ampliación se trabaja con provincias y municipios, de tal manera de que se dén respuestas a las necesidades  más urgentes. En tal sentido, en Misiones hay una gran expectativa para la continuidad de obras paradigmáticas, como la construcción de viviendas, obras viales, estructura urbana y sanitaria. Dentro de la obra pública, ya hubo anuncios para la continuidad del PROCREAR, con unas 400 viviendas a punto de ser entregadas y suspendidas por el gobierno macri-radical, así como también, la continuidad de Itaembé Guazú, un modelo de desarrollo urbano casi inédito en el resto del país, iniciado con el banco de tierras en 2014  (Ley XXIV – Nº 22).

Es decir, la provincia tiene tierras con desarrollo urbano en Posadas y en varias localidades del interior, aptas para comenzar y/o continuar planes para la construcción de viviendas. Por lo tanto, hay fuertes expectativas en que se ultimen los detalles para entregar las viviendas PROCREAR y retomar el desarrollo de nuevos emprendimientos, ya que la demanda sigue en franco crecimiento, por la edad media de la mayoría de la población misionera.

Entre otros pedidos hechos al gobierno central se encuentra la definición de una política impositiva de frontera, debido a las asimetrías que jaquean la actividad económica, por tener la provincia un 95 % de sus límites con Brasil y Paraguay, que tienen políticas comerciales propias de la zona fronteriza, lo que lesiona históricamente las posibilidades de desarrollo, por la fluidez con que los recursos económicos de la provincia se filtran hacia el exterior. Esta situación se hizo patente con el estricto cierre de las fronteras por el coronavirus, que favoreció a toda la actividad económica con una reactivación rápida acompañada por los programas Ahora Misiones.

Otro déficit es la infraestructura energética, por lo que se sigue insistiendo en la necesidad de continuar con el Gasoducto del Norte Grande, paralizado por el gobierno macri-radical ni bien asumió en 2015, y cuyos obradores fueron desmantelados y saqueados. Asimismo, se insiste en el financiamiento para el tendido eléctrico de zonas rurales del Norte y NOeste, mientras que se invertirán 50 millones de pesos en energías ecosustentables, para escuelas técnicas y agrotécnicas.

Como la provincia no tiene ahogos financieros por endeudamiento –se conoció que tiene el menor índice de deuda per cápita del país-, y cuenta con un sistema fiscal saneado y eficiente, todo lo que reciba de aportes federales tendrán un fuerte impacto en la economía y en la satisfacción de las muchas demandas sociales que todavía aquejan. Hay que esperar que el Estado nacional pueda fortalecer sus arcas exprimidas por la timba macri-radical y, luego, por las exigencias de la pandemia, para que sea posible cumplir con las expectativas de las provincias, que no son pocas y de larga data.

Otra gran expectativa es que la que creó el presidente Alberto Fernández al presentar el proyecto de reforma del fuero federal -que debe tener tratamiento parlamentario-, que básicamente comprende la creación de nuevos juzgados, cubrir cargos de jueces con subrogancias por un lapso concreto y la unificación de fueros, para evitar largos conflictos por competencia, que traba la evolución normal de los procesos. También, se creó un consejo de notables, para asesorar al Presidente en todo lo que atañe a esta materia.

El tema disparó, aun antes de su presentación y de conocerse su contenido, la feroz oposición  de los medios hegemónicos y del macri-radicalismo, aduciendo que la reforma pretende alcanzar impunidad para ex funcionarios kirchneristas y la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Una apreciación que, hasta ahora, no pudieron demostrar fácticamente, pero que bien puede originarse en el hecho de que se desmantela la posibilidad de continuar incidiendo sobre la conciencia social con las lowfare, producto de la alianza mediática-judicial-poderes fácticos, todos bajo la batuta de la Embajada.