Conservar es el principal objetivo de la oposición, expresada en los poderes fácticos y en la alianza macri-radical a la que se agregan otras expresiones  borders del peronismo, que se pone de manifiesto en la fuerte resistencia a los cambios en favor de una República más justa. Por Silvia Torres

El partido conservador, como tal, no tiene una expresión identitaria en el panorama político nacional, pero su concepción ideológica está presente entre empresarios, grupos  empresarios y políticos en un combo de tinte neoliberal furioso, sobre una concepción del capitalismo concentrado basado en el negocio monopólico y especulador –acumulación de riqueza sin que importe la gente-, más que en su expresión tradicional, que centra su razón de ser en la producción, la industria, las fuentes de trabajo, la innovación tecnológica, etcétera.

Con el arribo al gobierno del Frente de Todos, luego de un mandato de cuatro años del macri-radicalismo, las tensiones volvieron a aflorar con virulencia, a pesar de que la pandemia disminuyó la velocidad de los cambios que se pensaban instrumentar en el campo económico y político. Tensiones que evidencian, una vez más, la constante dificultad que los movimientos populares tienen para ejecutar sus planes de restauración de la dignidad, para las grandes mayorías.

Una clara demostración es la serie de avatares que afronta el proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, manipulada por opositores y medios como “reforma judicial”, una iniciativa que dista de la verdadera reforma que exige la recuperación del Poder Judicial, pero que sirve para poner en evidencia la resistencia conservadora de una anquilosada estructura burocrática, con estilo cuasi monárquico, rápido para llenar cárceles y condenar pobres, pero reacio a tocar un pelo de los poderosos. Hace decenas de años que los poderes judiciales adoptaron y enquistaron la idea de que deben ser permeables a las demandas de los sectores del privilegio, de minorías enriquecidas a como dé lugar y se resisten a los cambios que tratan de ponerlos al servicio de las mayorías, alejadas de los servicios de justicia, a pesar de que son las depositarias de las constantes violaciones de derechos constitucionales básicos.

Durante el gobierno macri-radical fue patético el rol cumplido por las más altas esferas judiciales, que no se inmutaron con los abusos contra opositores –que aún perduran en la provincia de Jujuy-; ni contra el pueblo perdiendo diariamente los derechos básicos; ni con las manipulaciones para nombrar, mover, sacar y poner jueces conforme las necesidades políticas; ni con el espionaje ilegal a plena luz del día; ni con las decisiones que comprometen el futuro de la Argentina ¡por cien años!; ni con el armado y el accionar de una “mesa judicial”, conformada por el propio ministro de Justicia; ni con gente injustamente en prisión por años… Y resulta que, para los ideólogos y ejecutores de tales engendros, no es necesario hacer cambios como para iniciar un proceso de saneamiento de una situación por demás antirrepublicana.

Esta oposición primitiva, conservadora, casi rayana con la esquizofrenia (si fuera posible calificar así a grupos), sumó su oposición a la decisión del Ejecutivo de declarar a las telecomunicaciones como “servicios de utilidad pública esencial” y, por lo tanto, para aplicar aumentos de tarifas deben justificar ante el Enacom, así como también congelarlas hasta el 31 de diciembre. La empresa hegemónica en esta materia, Grupo Clarín+Fibertel+Cablevisión+Personal/Telecom redujo 34 % su inversión en el primer semestre de 2020. En el caso de esta última, desde que fue adquirida por el grupo de medios en 2017, distribuyó 1.222 millones de dólares en concepto de ganancias y, también, pudo hacer operaciones por $ 24 mil millones en bonos de dólares con liquidación, en el primer semestre 2020. ¡Rendidoras las tarifas con las que esquilman a los argentinos! Sin embargo, la justa y necesaria decisión gubernamental disparó la irascible oposición de macri-radicales, aduciendo que las empresas no iban a invertir, cosa que no hicieron ni hacen y, por lo tanto, actúan como entes recaudadores de clientes cautivos a los que les prestan un pésimo servicio, aumentándoles 326 % las tarifas, en tres años.

Luego de un período de gobierno elegido por el voto de la mayoría, pero con un altísimo nivel de estafa electoral en su accionar, los conservadores-neoliberales (macri-radicales y algunos autodenominados peronistas) no están dispuestos a retroceder un ápice en sus privilegios y en desmontar la estructura mediática-judicial que los sostienen. Incluso, valiéndose de declaraciones de políticos ultramontanos que no titubean en verter expresiones con connotaciones violatorias, como las del ex senador Ernesto Sanz: “les estamos soplando en la nuca”, o las de Eduardo Duhalde, exponiendo sus viejas teorías conspirativas y golpistas.

Han disparado el conflicto, acechan ferozmente al gobierno del FdeT procurando que la pandemia lesione la piel social, solo por defender sus privilegios de clase y su riqueza. Están cebados con los cuatro años de enriquecimiento vil y no les importa el precio que deba pagar el pueblo argentino.