La provincia de Misiones está trabajando con empeño por lograr diferenciarse en materia impositiva, debido a su excepcional condición de provincia con frontera internacional en el 90 % de sus límites, en medio de una situación nacional que tiene al COVID 19 como una amenaza constante y las presiones destituyentes de la oposición. Por Silvia Torres

El gobierno de Misiones trabaja incesantemente por lograr condiciones diferentes en materia fiscal, en relación con las normas generales del país, por su condición de provincia inserta como cuña entre las repúblicas de Paraguay y Brasil. La política fiscal nacional, además de la presión que el desarrollo industrial brasileño ejerce sobre la provincia y la economía sin registrar, con zona franca paraguaya, atentan contra las posibilidades de desarrollo de la provincia, la colocan en una situación de asimetría que se denuncia desde hace años ante el gobierno central, pero que ahora se pone blanco sobre negro por la pandemia, que obligó a cerrar estrictamente las fronteras.

El fenómeno permitió que se registren los números irrebatibles de lo que ocurre con la economía misionera, con un impacto de unos 10 mil millones de pesos mensuales a favor, que se fugaban mayoritariamente hacia el Paraguay y que, ahora, quedan en la provincia. Hay un intercambio de información constante con el gobierno central para dar cuenta de esta situación y lograr se establezcan las medidas necesarias para que, una vez superada la pandemia, Misiones no vuelva a caer en la situación de sangría de sus recursos, los cuales, además, estarían destinados a la adquisición de productos, insumos, tecnología, maquinaria, etc. en otros distritos del país, al mismo tiempo que, exportando sus productos, entonces sí competitivos, podría aportar los dólares que tanto requiere la economía nacional.

Si bien esta petición misionera no se encuentra expresada en el Presupuesto nacional, la pretensión es lograr una ley específica, para lo cual será intenso el trabajo que se haga en el Congreso de la Nación, donde los legisladores misioneros deberán cumplir un papel clave para las negociaciones que se encaren.

Entre tanto, además de un discreto aumento de los salarios para los trabajadores del Estado provincial, también se siguen encarando acciones que tienden a solucionar problemas de los sectores más afectados por la pandemia. De allí que se establecieron medidas para auxiliar los servicios turísticos de Puerto Iguazú, se analiza la posibilidad de retomar los servicios de transporte de pasajeros y la ampliación de la hotelería, en tanto se llamó a la reinscripción de tareferos para cobrar el subsidio interzafras.

Todo ello ocurre en el marco de feroces presiones de la oposición macri-radical en contra del Gobierno nacional, que van desde fake newes referidas al posible aumento de la alícuota de Ganancias o a la instalación de un “corralito”, que agitó el mercado con nerviosos actos de ahorristas retirando dólares de los bancos, que solo se tranquilizó con información de consultores internacionales que descartaron tal posibilidad, en virtud de la liquidez solvente del sistema financiero argentino que permite respaldar los depósitos privados en dólares, entre otras movidas como las caprichosas demandas de diputados nacionales para sesionar y en las cada vez más desinfladas movilizaciones “anti pandemia”, “anti vacunas”, “anti K”, “anti ‘dictadura’”, “anti sesiones virtuales”, “anti reforma judicial”, etcétera.

Lo cierto es que el macri-radicalismo votó en contra de toda la legislación aprobada en esta gestión, que favoreció algún aspecto de la vida de los argentinos, como la ley Nº 27.563, que se refiere al sostenimiento y reactivación del turismo; de teletrabajo, Nº 27.555; de alquileres, Nº 27.554; la reforma al régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del poder judicial y de relaciones exteriores, Nº 27.546 o la de góndolas, Nº 27.543.

Tanto el gobierno nacional como el provincial hacen un notable esfuerzo por tener bajo control los efectos de la pandemia, con relativo éxito en cuanto a la morbilidad de los infectados  y, en simultáneo, reactivar la actividad económica que, en la Argentina, había tenido una caída durante los últimos 22 meses del gobierno anterior, mientras se tomaban deudas con fondos de inversión y con el FMI (1.200 millones de dólares), se fugaba gran parte de esas divisas (entre 90 y 96 mil millones) y se consumía el 50 % del Fondo de Garantía de Sostenibilidad de la ANSeS.

Refinanciada la deuda con bonistas privados incluida una importante disminución de la tasa de interés, sumado a un auspicioso Presupuesto nacional por su previsibilidad y las importantes inversiones en obra pública, créditos para la producción e industria y desarrollo de las demandas sociales tornan favorable el futuro para los grandes sectores populares que esperan por trabajo, buenos salarios, viviendas dignas y servicios públicos razonables, a pesar de las presiones destituyentes operadas desde el macri-radicalismo que abonan la incertidumbre sobre la democracia argentina, sobre todo si se tiene en cuenta la injerencia del imperio en los países de América latina