Si algo quedó contundentemente de manifiesto en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación es la desigualdad en materia de representación política, como descarnado escenario de la realidad que vive y padece la sociedad argentina. Gestiones de Herrera Ahuad por viviendas y FET. Por Silvia Torres

Los resultados de la votación en la Cámara de Diputados de la Nación para aprobar la ley que crea el aporte solidario extraordinario por única vez, que establece que los ciudadanos con fortunas personales declaradas –no productivas-, por más de 200 millones de pesos, que involucra a menos de 10 mil personas, dan cuenta de la inmensa desigualdad en la representación política, en comparación con el resto de los 44 millones de argentinos.

Esta observación –conmovedora por cierto-, se desprende de que los 9.298 multimillonarios, 83 % de cuyas fortunas están en el exterior, “afectados” por la medida cosecharon el aval de 115 diputados (también usualmente denominados “representantes del pueblo”), que se opusieron a que el proyecto fuera aprobado. Los opositores estuvieron conformados mayoritariamente por legisladores del macri-radicalismo y dos de la izquierda. Esa representación política  de los millonarios también se puso en evidencia en el tratamiento mediático, por parte de las empresas hegemónicas, que inciden sobre la opinión pública en el país, no obstante lo cual no pudieron torcer el punto de vista a favor de la amplia mayoría de los argentinos, conforme varias encuestas.

La conclusión preocupante es que gran parte de la representación política en la Argentina sigue estando al servicio del establishment y traicionando, por ende, sus discursos y compromisos de campaña. Una estafa electoral que ayer volvió a desnudarse ante los ciudadanos, cuando se debatió una ley con fuerte incidencia sobre la población víctima del desastre económico social dejado por el gobierno macri-radical, que concentró vilmente la riqueza en manos de quienes deben hacer el aporte solidario, para paliar flagelos sociales que se agudizaron con la pandemia.

Es interesante reiterar que la ley, propuesta por Máximo Kirchner que preside el bloque oficialista del Frente de Todos y redactado por el diputado Carlos Heller, fue aprobada por 133 votos integrados por el oficialismo (bloque que cuenta con dos diputados misioneros, Cristina Brítez y Héctor “Cacho” Bárbaro) ; los también misioneros Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Welbach, renovadores que integran el bloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Ramón, además de otros bloques menores y dos radicales jujeños de JxC, lo que pone en evidencia el minucioso tejido que hizo el oficialismo para obtener la adhesión mayoritaria de los diputados.

Se pretende recaudar poco más de 300 mil millones de pesos (la mitad de los cuales deben ser aportados nada más que por 253 archimillonarios, entre quienes se cuenta el tan mentado Héctor Magnetto, que califica como uno de los 20 más ricos de la Argentina y famoso por sus proverbiales fugas de divisas), cobrando una alícuota de 2,5 a 3,5 % conforme sus fortunas personales declaradas, que tienen un destino especificado en el texto de la ley: 15 % (unos 45.000 millones) a urbanizar y sanear barrios de emergencia; 20 % para compra y/o elaboración de equipamiento médico y para vacunas; 25 % destinado a los programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad declarada de interés público nacional; 20 % para subsidios y créditos para pymes y 20 % para las becas PROGRESAR.

Aportes similares e incluso más rigurosos en cuanto a montos de recaudación se están analizando en cinco países de América Latina, en la mayoría de los europeos y el recientemente electo presidente de los EEUU analiza fórmulas recaudatorias, todas con las mismas razones: el flagelo de la pandemia que destruyó las economías locales, tal como ocurre en la Argentina, que durante 2020 afronta el quinto año de destrucción económica, provocada por el gobierno macri-radical y la pandemia.

También, en Diputados se sancionó finalmente el Presupuesto Nacional, que crea la zona aduanera diferenciada para Misiones, que dispara grandes expectativas de crecimiento económico que le permita a la provincia superar sus bajos índices salariales; los altos precios de alimentos, materiales de construcción, ropa y calzado, etc. y superar los bolsones de pobreza, una lucha que no debe detenerse porque la provincia aspira a alcanzar índices de desarrollo con justicia social.

En esta línea, el gobernador Oscar Herrera Ahuad hizo gestiones ante el flamante ministro de Hábitat y Vivienda de la Nación, Jorge Ferraresi, para incentivar los programas de construcción de viviendas, en virtud de la infraestructura urbana existente, además de que arribó a un compromiso con el ministro de Agricultura, el formoseño Luis Basterra, para que el FET sea liquidado en diciembre.

La provincia demostró que, a través de la intensa labor legislativa y del Ejecutivo, además de la representación parlamentaria misionera en la Nación, no está dispuesta a avalar las injustas desigualdades que tiñen la piel social de la Argentina.