Suceden y no por “estar a favor” o “en contra”. De allí la necesidad de que el Estado se ocupe de atender las demandas como lo que es: un problema que padecen las mujeres. Poner punto final a un negocio clandestino, por un lado  y, por otro, evitar lesiones y hasta la muerte de mujeres pobres, que no pueden alimentar esa caja. Por Silvia Torres

Es un error expresar que se “está a favor” o “en contra” del aborto, sea por principios éticos, morales o religiosos, porque es desviar el sentido de la discusión que de nuevo se va dar en el Parlamento Nacional sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El mismo tiene varios aspectos que van más allá de sacar de la clandestinidad una intervención, que ya no es necesariamente quirúrgica porque puede ser  farmacológica, como que también los servicios de Salud Pública intervengan para informar, contener, intervenir con los conocimientos científicos y profesionales, cuando una mujer toma la decisión de interrumpir un embarazo, de la misma manera que interviene cuando se continúa el proceso, ocurre un parto o sucede cualquier otro hecho vinculado con la salud femenina, incluidos los métodos anticonceptivos, que también debe involucrar a los hombres, porque jamás se habla de la responsabilidad masculina en los procesos vinculados con la procreación.

El proyecto tiene como objetivo atender una situación que, por ser clandestina, no deja de ser realidad y momento traumático para las mujeres, más aún cuando recurren a la intervención a espaldas de sus parejas, de sus familias y que, entonces, están solas o solo tienen a su lado el acompañamiento de otra mujer. Miles de ellas recurren a los servicios que invariablemente son clandestinos, algunos con costos que alcanzan cifras siderales y, otros, a los que recurren las mujeres de los sectores populares, donde hay que dejar lo que se puede, que no reúnen las mínimas condiciones de salubridad, provocan consecuencias no deseadas y hasta culminan con la muerte de la paciente. En ninguno de los casos, el negocio se “blanquea”: no hay facturas, ni recibos, ni se pagan tasas ni impuestos. Es dinero que engrosa ilegalmente, la fortuna de clínicas y profesionales, por lo que es posible presumir que sean quienes abonan las campañas anti derechos.

Es por ello que la resistencia de ciertos grupos y/o personas a la legalización de esta intervención que, realizada en condiciones médicas adecuadas entra dentro de las intervenciones menores y así se las califica en los países donde no está penada, merecen la sospecha de que no son pro-vida, como suelen autocalificarse, sino pro aborto clandestino y defienden un ilegal negocio millonario, como el narcotráfico, el contrabando o las compra-ventas no registradas.

La legalización del aborto no significa que todas las mujeres que se embarazan, queriéndolo o no, deban recurrir a esa intervención. Solo se trata de despenalizar una acción médica que existe desde los orígenes de la humanidad, aplicable para las mujeres que así lo requieran, en tanto que las restantes, podrán continuar normalmente con sus embarazos/partos. Esta aclaración, que parece de Perogrullo, obedece al hecho de que, en los debates, es tal el nivel de distorsión, que pareciera que despenalizar implicaría que todas las embarazadas se harían abortos, en un proceso argumental similar al producido cuando se debatió el voto femenino, la ley de divorcio o el matrimonio igualitario.

Las multitudinarias organizaciones femeninas que insisten en la aprobación del proyecto no se confunden con lo que se pide y se espera que los legisladores actúen con sabiduría, para seguir avanzando en la creación de condiciones de igualdad, libertad y fraternidad entre los géneros, que superen el machismo y el paternalismo que marcó la civilización capitalista y que tanto daño provocó en las posibilidades de desarrollo autónomo de las mujeres.

Sobre todo porque ese sometimiento tiene como expresión, dolorosa e inaceptable, la violencia y el femicidio, que alcanza cifras escalofriantes en el país y el mundo ya que la mujer no deja de ser concebida como un objeto propiedad del hombre, sobre la cual se puede aplicar todo tipo de abusos, incluido someterla a abortar en condiciones de clandestinidad, pagando cifras exorbitantes o poniendo en riesgo su propia vida.

Nadie puede desconocer y mucho menos un legislador y/o funcionario, que no hubo aplicación correcta y eficiente de la Ley 26.150, que creó el Programa de Educación Sexual Integral, en  2006, porque no se evitaron los embarazos de niñas y adolescentes, la maternidad de niñas y adolescentes y los abortos de niñas y adolescentes. ¡Fracaso total! Es más, en muchas escuelas, ni siquiera se menciona la temática. Y las principales víctimas de esta inoperancia continuaron siendo las niñas-adolescentes de los sectores pobres  -víctimas de la clandestinidad insegura-, mientras que las otras tienen el respaldo económico de sus padres, para recurrir a la clandestinidad segura.

Es por toda esta descripción muy somera de la realidad, que elude las dramáticas situaciones que atraviesan las mujeres cuando deben afrontar embarazos no deseados,  que se batalla por la obtención del derecho que establece la IVE. También, porque es necesario repudiar con toda la contundencia que da el poder político a las manifestaciones antiderecho que incluyeron el desfile de un Falcon verde, escraches y agresiones a legisladores y/o sus familiares, entre otras tantas expresiones de intolerancia oscurantista y retrógrada.